Otra vez el cuento de los valores villeros

El miércoles de esta semana se dio media sanción al proyecto de ley de La Cámpora que haría -en caso de aprobarse en la Cámara de Senadores- del 7 de octubre, aniversario del nacimiento del padre Carlos Mugica, “el día de los valores villeros”. Como dije en su momento, cuando se anunció públicamente la iniciativa, se trata de una maniobra demagógica que naturaliza un problema grave, que es el de la exclusión social y las condiciones precarias de vida de una gran parte de la población. La Cámara de Diputados le dio el visto bueno a este mamarracho, a altas horas de la noche, en una jornada en la que fueron tratados más de cincuenta proyectos, con la abstención y ausencia de muchos diputados.
Para no explayarme sobre las mismas ideas que en su momento me inspiró este proyecto así como en las disparatadas declaraciones de Víctor Hugo Morales de hace algunas semanas sobre los supuestos beneficios de vivir en una villa, para no volver a decir que es lamentable que se quieran hacer pasar los valores universales de la “solidaridad”, la “generosidad”, “el optimismo” y otros, como valores de clase, para no reiterar, en definitiva, lo que no debería hacer falta reiterar, lo que debería ser obvio hasta para el más obtuso, prefiero remitir al lector a las ediciones correspondientes de esta columna y enfocarme en otra hipótesis, que desborda este proyecto de ley puntual.Sería así: el kirchnerismo, que tiene fecha de caducidad, ahora está actuando exclusivamente para pasar a la posteridad.
Las reformas del Código Civil y el Código Penal van en la misma línea. Se trata de iniciativas que tendrán efectos en un mediano plazo, que incidirán sobre futuras gestiones y que no hacen más que garantizarles un lugar en los libros de historia a sus autores. Es decir, ahora que el kirchnerismo está procesando su tiempo de retirada tanto de la gestión ejecutiva como de su fuerza parlamentaria, intenta sacar lo que puede del poder, y eso es -en su imaginario absurdo- dejarle a la ciudadanía el recuerdo de que fueron ellos los que hicieron reformas a la ley después de mucho tiempo en que no se hacían (aunque esperaron a último momento y las sacaron a las apuradas), que fueron ellos los que reivindicaron a los marginados (a pesar de que sostienen sus condiciones de marginalidad y las exaltan como si se trataran de valores heroicos).
No sé cómo les va a ir con la reforma a los códigos, pero con esta iniciativa me queda claro que el panorama no es muy bueno. Para ser claro, “el día de los valores villeros” es una iniciativa destinada a la intrascendencia. O bien porque -como es mi más sincero deseo- el próximo gobierno trabajará para que no haya más exclusión que reivindicar, o bien porque la situación se va a agravar tanto que estos gestos demagógicos no van a convencer ya a ningún incauto.
El problema de las villas es muy serio y da lástima ver que el Congreso le da vía libre a los delirios falaces de estos “nenes bien” que juegan a los héroes en el barro, pero que descansan muy bien en sus cómodas casas, que no son para nada “humildes” (léase, para nada “villeras”).
Resta ver si el Senado legitima este disparate o lo devuelve a Diputados. Cualquiera de las dos alternativas es más de lo que el proyecto merece. Pero yo, que sin ser villero me considero muy “optimista”, estoy convencido de que la mentira tiene patas cortas y que estos tipos no van a llegar muy lejos cuando se quieran llevar con ellos la posteridad que no se merecen.
 
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El aumento a las patentes perjudica a la Ciudad

El transporte y la movilidad han sido desde hace un tiempo grandes problemas para la gestión del PRO. En parte por el “enfrentamiento” con el Gobierno Nacional, como se vio en el prologando tira y afloje entre ambos por la tenencia del subte, aunque cabe decir que la gestión local ha sido inconstante respecto a sus supuestas responsabilidades en lo que toca al tema de los subsidios y las medidas para suplir su falta. Los aumentos a los usuarios fueron el método con el que se buscó reponer ese faltante presupuestario. Las cosas, sin embargo, parecen a punto de complicarse mucho a partir del año que viene cuando la Nación retire completamente su apoyo financiero. 
Para no seguir “importunando” a los usuarios del transporte público, el Gobierno de la Ciudad decidió recuperar estos fondos aumentando el impuesto a las patentes de automóviles, de manera proporcional a la gama del auto, desde luego. Si bien es cierto que pagarían más los que más tienen, la medida no deja de ser injusta en tanto que impone aún más dificultades a los conductores, que ya de por sí deben vérselas con los exorbitantes precios de la nafta y estacionamiento, producto de la inflación.
Algún paladín de la gestión de Mauricio Macri podría recordarnos la necesidad de la Ciudad de prescindir de automóviles, idea coherente con toda su política tendiente a desalentar su uso. Las bicisendas y los puestos de alquiler de bicicletas en las plazas son un emblema de esa política que tiene enormes potenciales ecológicos pero que no se ajusta del todo a las necesidades prácticas de los trabajadores porteños.
Mal que le pese al gobierno, los automóviles son fundamentales para muchas personas que, de no poder recurrir a ellos, tendrían que optar por el servicio de transporte público, el cual no goza tampoco de muchas comodidades. Tanto colectivos como subterráneos y trenes viajan todos los días saturados de pasajeros, lo cual no sólo es molesto para los usuarios sino que es altamente inseguro. Los riesgos exceden la eventualidad de un accidente: con la proximidad del verano y el crecimiento del calor, no es exagerado decir que el hacinamiento con el que se viaja promete un cuadro bastante insalubre para los pasajeros.
Como muchos de los “inconvenientes” que aquejan a la Ciudad, éste es otro problema que descansa en la incapacidad de los gobiernos nacional, de la ciudad y provincial de trabajar en conjunto. Los problemas de transporte del centro urbano más importante del país, que recibe a diario afluentes de trabajadores de distintas partes del Área Metropolitana Bonaerense no pueden relegarse exclusivamente a la órbita local.
Aún así, la respuesta del PRO carece de inventiva y se aferra a uno de sus más tempranos caballitos de batalla: aumentar los impuestos. En este caso, la decisión entraña el lamentable preconcepto de que el que tiene un auto es una especie de acaudalado, millonario, o vaya uno a saber qué.
El aumento del 50% a las patentes le va a pesar mucho a personas que, lejos de ser millonarios, son laburantescomo cualquier vecino al que el Gobierno de la Ciudad dice representar.
 
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Alex Freyre y los razonamientos patoteros


Alex Freyre es Presidente del Archivo de la Memoria de la Diversidad Sexual, una organización que se dedica a documentar testimonios e información sobre la detención y tortura de personas gays durante la última dictadura. Está vinculada a MILES, la organización kirchnerista de Luis D’Elía. En los últimos días se volvió foco de atención pública por sus desastrosas declaraciones sobre la repartición de medicamentos para personas portadoras de HIV. Según Freyre, como le expresó a Aníbal Pachano, en caso de que Sergio Massa o Mauricio Macri ganen las elecciones nacionales el año que viene, los enfermos de sida tendrán que resignarse a no recibir las medicaciones necesarias… y por lo tanto, se van a morir.
El razonamiento de Freyre es tan retorcido y tirado de los pelos como se puede esperar del kirchnerismo hoy: básicamente Massa y Macri van a pagarle a los fondos buitres, cosa que vaciaría presupuestariamente a la Argentina, lo cual tendría como resultado que se corten los medicamentos. Bastó con que Leandro Cahn, director de Comunicación y Desarrollo Institucional saliera a aportar una serie de datos sencillos que tiran abajo la descabellada hipótesis de Freyre. Entre ellos, como pieza de información más contundente, que ni siquiera durante la crisis de 2001 ocurrió algo semejante.
Esto no fue solamente una exagerada y escabrosa declaración. Freyre no estaba simplemente aventurando una hipótesis alocada, estaba haciendo un trabajo de apriete político. El otro día en su Twitter publicó “En 2016 morirá Anibal Pachano, en las peores condiciones, él lo decreta. Otra muerte más para la estadística del Sida.”
Pachano es un massista declarado. Este tuit, como otros que siguen la misma línea, tiene muchas características comunes del modo patotero en que los kirchneristas intentan asfixiar al pensamiento disidente. Soberbio, dueño de una verdad inventada, falaz y sobretodo agresivo. Exponer una condición de la vida íntima como es el HIV, invocar a la muerte y sentenciar al otro por su pensamiento político es de las cosas más bajas que hayamos visto hacer en mucho tiempo a un promotor del oficialismo.
Tan así fue que el propio Anibal Fernández tuvo que desautorizar sus declaraciones. “El retroviral -dijo Aníbal- va a venir al país con cualquier gobierno. Nadie es tan tarado como para pensar una cosa semejante”.
No es esa la explicación. No es una cuestión de taradez, es una cuestión de decencia. El kirchnerismo quiere imponer la idea de que son los dueños de la decencia, de los tratos humanitarios, de hacer las cosas que están bien. Por eso cuando se le espeta a Freyre sobre las muchísimas fallas en el sistema actual de repartición de medicamentos responde que eso es responsabilidad de los centros de salud. ¿Quién administra los centros de salud? ¿El massismo? ¿Macri?
Hay que cortarla con el tremendismo y empezar a tomar en serio las problemáticas que acechan a la Argentina. Por mucho que le moleste al Gobierno y a sus promotores, el recambio de autoridades no va a hacer que se extingan la vida, el amor y la decencia en el país. No son ellos o la muerte. Semejante idea sólo puede ocurrírsele a un bárbaro, a un patotero. Usar los derechos individuales para patotear al que piensa distinto es tristísimo. Con una serie de tuits, Freyre tergiversa aquello por lo que dice luchar.
 
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Massa apoyó a la dirigencia judía y volvió a rechazar el pacto con Irán


El caso AMIAFue al brindis del Año Nuevo hebreo y criticó el discurso de Cristina en la ONU.

“Es muy importante que asumamos que el memorándum de entendimiento significó rechazo y fracaso. Hubo un retraso en la posibilidad de avanzar en la causa judicial y un fracaso en la capacidad para tener colaboración de otro Estado”, afirmó ayer Sergio Massa, tras compartir un brindis por el Año Nuevo judío con otras figuras políticas, además de representantes de actividades profesionales, empresarias y comunitarias.
El líder del Frente Renovador fue el único presidenciable en el desayuno que acostumbra organizar para esa fecha el Congreso Judío Latinoamericano (CJL) en su sede de Once donde en 1948 se izó por primera vez la bandera de Israel. Y resultó también el más enfático en el rechazo al discurso de la Presidenta en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que responsabilizó a la dirigencia judía de la Argentina por el fracaso del acuerdo que su gobierno firmó con Irán para tratar de revisar la investigación del atentado a la AMIA.
A las palabras de apoyo a la comunidad, que ya había salido a replicar duramente a Cristina, Massa sumó el gesto de posar junto a su dirigencia, acompañado por varios miembros de su fuerza: el intendente de San Isidro, Gustavo Posse; el diputado Facundo Moyano y el ex legislador porteño Diego Kravetz. El grupo se mezcló con figuras de otras fuerzas, como los macristas Laura Alonso, Patricia Bullrich, Sergio Bergman, Martín Ocampo, Claudio Averbuj; además de los sciolistas Cristina Alvarez Rodríguez y Jorge Telerman (flamante miembro del equipo “Scioli 2015”).
Por el oficialismo también estuvieron los diputados tucumanos Alfredo Dato y Benjamín Bronberg, pariente del gobernador Jorge Alperovich y de su esposa, Beatriz Rojkés, celebrada en otras ocasiones por haber sido la primera dirigente de origen judío en asumir provisionalmente la Presidencia de la Nación, pero ausente en la ocasión.
Ningún funcionario K participó del brindis.
Una visita inusual fue la del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Su presencia, aunque breve, fue considerada por la dirigencia hebrea como otra señal de respaldo frente a los embates del Gobierno en el conflictivo tema de la AMIA (ver aparte).
Julio Schlosser, titular de la DAIA –brazo política de la comunidad– se encargó de fotografirse con todos ellos, casi a modo de desagravio por los ataques que le dirigió Cristina en la ONU, rompiendo (tal vez de manera irrevocable) una relación que había sido fluida hasta la firma del polémico memorándum con Teherán, a principios del año pasado.
“Quiere convertir a las víctimas en victimarios”, dijo el dirigente cuando concluyeron las ceremonias religiosas por Rosh Hashaná, el viernes a la noche.
Massa fue más allá e insistió en la derogación del acuerdo en el Congreso. Lo escuchaba, entre otros, el anfitrión, Claudio Epelman. El titular del CJL, sin abandonar su particular tonada cordobesa, se erigió en uno de los promotores del diálogo interreligioso mundial desde que su “amigo” Jorge Bergoglio asumió como Papa y lo recibe con frecuencia en el Vaticano.
También se sumaron al brindis el vice a cargo de la AMIA, Tommy Saiegh; el número dos de la DAIA, Waldo Wolff y Luis Grynwald, de la agrupación Plura Jai, que por la tarde emitió un documento de repudioal discurso de Cristina. Por el elenco empresario estuvo Eduardo Elztain, de IRSA.
El cierre de los discursos quedó a cargo de la embajadora de Israel, Dorit Shavit.
 
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Por qué hay que declarar de inmediato la emergencia en seguridad

ce algunas semanas salió en los diarios la solicitud que hicimos a los gobiernos de la Ciudad y Nación desde el Frente Renovador, Florencia Arietto y quien escribe, para declarar el estado de emergencia en seguridad en la Ciudad. La noticia hizo hincapié más bien en cuestiones políticas y dejó de lado las implicancias concretas del pedido que están plasmadas en un proyecto de Ley. Quiero aprovechar el espacio de esta columna para contarles de qué se trata la iniciativa que estamos presentando.
En diciembre de 2006 se sancionó la ley 2257 de Transferencia de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que trasladaba  la capacidad de reprender ciertos delitos a la órbita de la Ciudad. Esto, que fue ciertamente un gran avance en la autonomía de la Capital, lamentablemente hoy día tiene algunas repercusiones negativas que es necesario resolver con suma urgencia.
Hace meses que venimos hablando sobre cómo los conflictos de Buenos Aires vinculados a la violencia, el delito y las ocupaciones ilegales son de competencia compartida entre la Nación y la Ciudad. En ese juego de mutuas responsabilidades ambos gobiernos se señalan el uno al otro como chivos expiatorios y, paradójicamente, justifican su irresponsabilidad. No es ninguna novedad que el kirchnerismo y el macrismo, encarnados enemigos para la prensa, sepan capitalizar su contienda ideológica para minimizar costos políticos de su inacción en materia de seguridad.
El proyecto que presentamos provee un marco regulatorio para la acción contra el delito que impida a los gobiernos tomarse estas desafortunadas “licencias”.
Para explicarlo brevemente:
1) Establece la conformación de un Comité de Crisis de Seguridad pública de la Ciudad de Buenos Aires a conformarse por el ministro de Seguridad de la Ciudad, el jefe de la Policía Metropolitana, el vicepresidente primero de la Legislatura, el Fiscal General de la Ciudad, el ministro de Seguridad nacional y la Procuradora General de la Nación. Esto formalizará las vías de comunicación y el trabajo en conjunto de las autoridades de ambas jurisdicciones que actualmente parecen comunicarse sólo a través de declaraciones en diarios y programas de radio.
2) Estipula el traslado de efectivos de la policía metropolitana a las comunas 7 (Flores y Parque Chacabuco), 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano) y 9 (Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda), que conforman las zonas más jaqueadas por el delito organizado, actualmente desprovistas de presencia de las fuerzas de seguridad locales.
3) Fija un plazo de 30 días para la elaboración de un plan de seguridad integral para la Ciudad, cosa que no existe aún y es cada vez más necesaria.
La superposición de responsabilidades entre ambas autoridades ha puesto a la ciudadanía porteña en un callejón sin salida. Para no desperdiciar el logro de la ley impulsada en 2006, hay que avanzar en formalizar los procedimientos conjuntos de ambos gobiernos para que sus faltas no queden justificadas por las del otro.
La necesidad de orden, que se hace visible a lo largo y ancho del país, no es sólo de la sociedad sino también de los organismos del Estado y de las autoridades. Es este desorden normativo el que permite que el delito avance y se instale en nuestros territorios deteriorando la vida de los ciudadanos.
 
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Luchar contra el delito, de una vez por todas

El video que circuló esta semana del intento de robo por parte de un motochorro a un turista canadiense en el barrio de La Boca ilustra a la perfección muchas de las contradicciones que paralizan lamentablemente la lucha contra el delito. Tenemos la exhibición pública de un delincuente, capturado por la cámara in fraganti en el desarrollo de una acción criminal, un verdadero documento que prueba animosidad delictiva y que debería ser suficiente como para justificar la detención y conducir el proceso. El ladrón estaba armado e hizo varias amenazas a la víctima. Lo cruzó con una moto mientras éste transitaba en bicicleta por una bicisenda. Cuando el joven, que no comprendía la “solicitud” de su asaltante, se bajó del vehículo el ladrón lo empezó a seguir y lo arrinconó ordenándole nuevamente que le entregara su mochila. No hay que ser un abogado muy brillante para encontrar la figura delictiva en este caso.
La escena tiene algo de tragicómico. El turista, que no habla el idioma, repetía sin cesar “amigo, amigo”, como en un intento de calmar a su agresor, el cual se vio obligado a correrlo, con revólver en la mano y todo.
No obstante todo ello, el delincuente está suelto nuevamente. ¿Qué nos pasa? ¿Nos volvimos ya totalmente incapaces para proveer justicia que los casos más ostentosos quedan así de impunes?
En el Instituto Argentino Excelsior, del barrio de Caballito, los estudiantes sufren cada tres días intentos de robo y hechos de inseguridad. Anteayer trascendió el caso de un pibe que fue también interceptado por un motochorro que lo amenazó con un cuchillo para que le entregara el teléfono celular.
La indignación crece día a día entre los ciudadanos. Esto se dejó ver con mucha claridad con las declaraciones recientes del actor Ivo Cutzarida que generaron la adhesión de mucha gente en las redes sociales. El discurso de la indignación pide nada menos que la aplicación de la ley. Desde ese punto de vista las transgresiones cotidianas a nuestra sensación de seguridad que luego salen impunes están más o menos resguardadas en un mal ejercicio de la justicia.
Hay mucho de cierto en eso, pero también creo que el problema excede la mera aplicación de la ley. Casos como el del video ponen en jaque a los jueces ya que no hay un sistema de leyes que contemple la viabilidad probatoria de documentos como éste, producidos por los propios ciudadanos con las capacidades nuevas que nos da la tecnología. ¿Cómo puede ser que en una Ciudad en la que es muchísima la gente que tiene celulares con cámara, en una ciudad en la que casi todo puede ser grabado y transmitido a las mayorías, no estén mejor aceitados los mecanismos de sanción del delito? La ciudadanía misma es en este momento un potencial dispositivo de vigilancia y control y sin embargo se encuentra más desprotegida que nunca.
La inseguridad va mutando, como también van cambiando nuestras posibilidades materiales de combatirla. Necesitamos leyes que se correspondan con el estado actual de la situación.
Contrariamente a ese deseo, los que se desentienden de la gravedad del asunto proceden por medio de la naturalización de la violencia. Y no creamos que la indignación colectiva es un indicador del fracaso de esta estrategia. Funciona muy bien. Pregúntense si no, honestamente, ¿cuántos de ustedes, luego de ver el video del intento de asalto, creyeron con convicción que el delincuente sería procesado?
Nos estamos acostumbrando a nuestra situación de desamparo y cada vez nos identificamos más con nuestra propia indignación. Buenos Aires es cada vez más una ciudad sitiada por el delito. Se camina por sus calles con miedo al otro, al desconocido. Delincuentes, trapitos, limpiavidrios, son personajes que se han vuelto demasiado cotidianos y producen frustración y enojo en la mayoría de los ciudadanos.
Para ganar la lucha contra el delito hay que empezarla, verdaderamente. Con toda la honestidad que eso requiere, la de admitir que hemos dejado que años de marginalidad, resultado de pésimas administaciones públicas, se llevaran consigo la buena voluntad de muchos ciudadanos. Pero el orden no puede depender de la buena voluntad. Al orden hay que saber armarlo. Principalmente, envistiendo contra el delito en todas sus formas y con todas nuestras herramientas.
Por eso insistimos en la necesidad de que se declare la emergencia en seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Porque no queremos más desentendimiento oportunista de las autoridades. No queremos más discusiones estériles sobre si los medios de comunicación exageran o no exageran las cosas. Hablen con sus vecinos y pregúntenles, cuántas veces los robaron, o los agredieron física o verbalmente en la calle. Ahí están los números que indican cómo estamos perdiendo contra la desidia, la informalidad y la falta de orden. Y estamos perdiendo, sencillamente, porque no estamos luchando en serio.

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Proyecto de Ley: Declaración de Emergencia en Seguridad en la Ciudad de Buenos Aires

Después de los incidentes sucedidos en el barrio Papa Francisco de Villa Lugano junto a Florencia Arrieto decidimos hacer uso de nuestro derecho como ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires ateniendonos a nuestros deberes y obligaciones por el lugar en el que ocupamos siendo parte del Frente Renovador.

Está implantada la idea de que mientras exista la pobreza no se pueden discutir políticas de seguridad, los cual nos resulta ridículo. El Estado tiene que marcar la punibilidad independientemente de la situación socio-económica.
Nuestra idea es generar un ámbito para que las dos jurisdicciones que compiten en materia de seguridad puedan articularse en busca de un mismo fin, terminar con el crecimiento de la inseguridad mediante un comité de crisis donde estén los principales actores de cada una de las jurisdicciones y se elabore un plan integral de seguridad en el plazo de 30 días.





PROYECTO DE LEY

Articulo 1ro: Declárese la emergencia en materia de seguridad en ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 2do: Créase la Comité de crisis de seguridad pública de la Ciudad de Buenos Aires conformado por el Ministro de Seguridad de la Ciudad, el Jefe de la Policía Metropolitana, el Vicepresidente Primero de la Legislatura, el Fiscal general de la Ciudad, el Ministro de Seguridad Nacional o quien el/ella ministro designe al efecto y la Procuradora General de la Nación o quién ella designe, quienes serán invitados para conformar la misma.
Articulo 3ro: Instrúyase al Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires a destinar el cincuenta por ciento de los efectivos policiales metropolitanos a las comunas 7, 8 y 9 partir de la promulgación de la presente ley.
Articulo 4to: Fíjese el plazo de 30 días para que el Comité elabore un Plan Integral de seguridad para la Ciudad de Buenos Aires en las que se establecerán los compromisos asumidos por cada una de las jurisdicciones involucradas en temática.
FUNDAMENTOS
1.- Atento a los hechos de público conocimiento acaecidos en Lugano, y toda vez que quiénes tienen la responsabilidad de la seguridad en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires hace semanas se encuentran en una discusión dialéctica sin retorno con los ciudadanos como rehenes, es que consideramos declarar la emergencia en seguridad en la CABA.
2.- El Estado Nacional y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad tienen jurisdicción compartida de acuerdo a lo establecido por el artículo 129 de la Constitución Nacional, ésta jurisdicción y su respectiva competencia en materia penal ha sido ratificada a través de la ley 2.257 de transferencia progresiva de competencias penales, dicha ley permite el traspaso ordenado de determinados delitos a la órbita de la ciudad.
Lo que intentaron hacer los legisladores, tanto nacionales como locales se ha convertido en un callejón sin salida, porque conviven en el territorio nacional superposición de competencias que permiten que los funcionarios nacionales le echen la culpa a los funcionarios locales y viceversa.
Asimismo tenemos una fuerza policial local (Policía Metropolitana) y fuerzas federales (Gendarmería, PFA, Prefectura, PSA) todas ellas como auxiliares de una justicia local y/o nacional. En este marco los dos signos políticos que tienen responsabilidad en la ciudad se echan culpas mutuas, mientras proliferan los narcos en las villas y se cobran la vida de inocentes.
3.- Ante esta situación de alarma es que solicitamos la declaración de emergencia, entendiendo la misma como el trabajo en conjunto del Ministro de Seguridad de la Ciudad y el Secretario de Seguridad de la Nación en forma inmediata, en una mesa de trabajo que resuelva la cuestión bajo apercibimiento de someter a los funcionarios a juicio político previa denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario.


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La película de Víctor Hugo

Como si la invención de los valores villeros por parte de diputados de La Cámpora hace unos meses no fuese suficiente atropello a la razón, otro cambalache se avecinó desde el lado de la obsecuencia oficialista: Victor Hugo, periodista de reconocida trayectoria, cuya lucidez parece decrecer al mismo ritmo que la representatividad de este Gobierno, declaró recientemente ante los diarios que se vive mejor en las villas que en muchos lugares de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.
Según él, el crecimiento de los asentamientos (cuyas condiciones infrahumanas de hábitat desmiente con el gastadísimo recurso de demonizar a los medios no oficialistas) es una expresión de que en la Ciudad de Buenos Aires hay cada vez más trabajo y, añade, considera una ventaja poder residir en zonas cercanas a los centros de actividad laboral más importantes, aún si esto implica vivir en una villa como la 31.
Para rematar, borrando todo vestigio de raciocinio, Victor Hugo se declara con autoridad para opinar sobre el tema por el sólo hecho de haber, según dice, padecido él la pobreza cuando niño. Con ese criterio está en condiciones de opinar sobre políticas públicas de seguridad cualquier persona que haya sido víctima del delito, cosa que enerva a este tipo de personajes, que son losprimeros en decir que desde la experiencia personal no se pueden esgrimir valoraciones racionales sobre los problemas públicos.
Todo lo que dice Victor Hugo se cae por el peso de su obsecuencia, si añadimos a la discusión el elemento que él, deliberadamente o no (vaya uno ya a saber), omite: la informalidad. En primer lugar la informalidad de las villas como complejos habitacionales, donde está más que probada la condición de hacinamiento en la que viven sus habitantes, y que es indefendible desde la perspectiva de cualquier persona que sostenga la necesidad de igualar las condiciones de vida en todos los territorios de nuestro país.
En segundo lugar, corresponde también hablar de la informalidad en el mercado laboral, cuyo crecimiento Victor Hugo celebra y designa como el indicador de la viabilidad de las villas como alternativa habitacional. Todos los estudios sobre población en villas y asentamientos indican que la mayoría de sus habitantes trabajan informalmente, esto es, percibiendo salarios precarios y sin los resguardos fundamentales de cualquier situación de empleo normal (aportes, ART, etc.).
Nuevamente con la proclamada pretensión de desestigmatizar, las voces del kirchnerismo se atragantan con sus más visibles deudas para con la sociedad. ¿Qué tipo de desestigmatización de la pobreza pretende Victor Hugo al asegurar que vivir en una villa está bueno porque se está más cerca del trabajo o del cine Gaumont, al que según su delirio van sus habitantes a entretenerse?
No hacen falta este tipo de ridiculeces para recordarnos que los que viven en villas son personas. Todos estos ejercicios de demagogia como las declaraciones de Víctor Hugo o el día de los valores villeros de La Cámpora recuerdan al típico furcio del que discrimina pero dice que tiene amigos en la categoría discriminada (“no soy antisemita, tengo amigos judíos”, “no soy racista, tengo amigos negros”, etc.).
Mientras tanto, las villas siguen creciendo, al igual que la informalidad, tanto habitacional como laboral. Si esto le parece una simple mentira mediática a Víctor Hugo, queda muy claro que la película que él mira sólo la pasan en el Gaumont.

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Sobre el asentamiento Barrio Papa Francisco.

Tuvimos que esperar una muerte para aplicar el sentido común y hacer cumplir una orden para desalojar el predio que había sido dada en marzo.
Ésa es una zona que es caldo de cultivo para que pasen muchísimas cosas por la precaridad y la falta de políticas sociales. Cuando empezó el conflicto, faltó reflejo inicial. Y después la Justicia tendría que haber despejado rápidamente la zona. Se durmió y sobre dormido aparecieron algunos sectores de la política en cabeza de diputados kirchneristas y de la izquierda que defendieron la toma.

A continuación dejo los links a los diferentes medios que hicieron eco:

Nota original

Repercusiones

• Infonews
• Noticias Urbanas
• Infobaetv

Hay que remover el asentamiento Papa Francisco


El asesinato de Melina Lopez, de 18 años, en las inmediaciones del asentamiento conocido como barrio Papa Francisco debería ser una alerta para las autoridades de la Ciudad sobre el problema que ese barrio, un añadido reciente al alarmante repertorio de villas de nuestra ciudad, representa.
Melina caminaba junto a su novio en la intersección de Pola y Fernández de la Cruz cuando fueron asaltados por un grupo de delincuentes armados. Estos intentaron robarle a Melina la cartera. Uno de ellos le disparó en la cabeza. Luego de cometido el homicidio, los asaltantes corrieron a refugiarse al asentamiento.
Este caso dista de ser aislado. La zona es escenario recurrente de robos cuyos perpetuadores utilizan el asentamiento para refugiarse. A diferencia de otros asentamientos, el barrio Papa Francisco no cumple otra función que la de resguardar delincuentes. Prácticamente no hay viviendas allí.
Como trascendió hace unos meses, la toma del predio fue organizada por Antonio Marcelo Chancalay, quien tiene una orden de captura emitida por la jueza Gabriela Lopez Iñigue, un puntero histórico de la Villa 20 que además ocupó un lugar en el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que posee acciones de una SRL llamada Mach que realizó contrataciones con el Estado (algunas a través de la fundación Sueños Compartidos, de las Madres de Plaza de Mayo, conocida por el escándalo de Schoklender). Chancalay es un peso pesado que pasó por distintos partidos políticos: fue ibarrista, fue macrista y actualmente puso su aparato a disposición del Frente UNEN.
La propia gestación de este mal llamado “barrio” es de carácter absolutamente político, a los efectos de presionar al Gobierno de la Ciudad a destinar fondos a viviendas y subsidios, cosa que este Gobierno está acostumbrado a hacer tanto como lo hace el Gobierno Nacional.
No existe ningún plan real de urbanización de esos terrenos por parte de las autoridades. El legislador Gustavo Vera (que recientemente se desvinculó de UNEN debido al papelón que involucró a Carrió y Pino Sonalas) de la agrupación La Alameda presentó hace unos meses un proyecto de urbanización en el que se establece la necesidad de sanear el terreno debido a que, por haber funcionado como un cementerio de autos, presenta propiedades tóxicas.
El barrio Papa Francisco no está, momentáneamente, en condiciones de ser habitado y por lo tanto el Gobierno no debería permitir que ese asentamiento exista, especialmente cuando su única función resulta ser la de albergar delincuentes.
Es por eso que considero que se debe proceder a demoler todo el asentamiento, perimetrarlo y empezar con el proceso de saneamiento.
Quiero ser claro respecto a esto ya que, episodios como el que protagonizó esta semana el Secretario de Seguridad Sergio Berni, demuestran que, a la hora de referirse a la relación entre pobreza y delito, hay muchas mentalidades susceptibles. El barrio Papa Francisco no es un asentamiento de gente humilde porque nadie vive allí. Se trata de un loteo hecho a mano y algunas casitas donde hoy se ocultan delincuentes como los que mataron a Melina. Hay que tirarlo abajo.

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