El enfrentamiento por el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou y la eventualidad de un juicio político va más allá de lo específico del caso y tiene que ver con los mecanismos para asegurar la transparencia de nuestros dirigentes.
Escribo esta columna a algunas horas de la reunión de la Comisión de Juicio Político. El kirchnerismo ya adelantó que votará en contra y se preocupó por congregar a los diputados más duros para convalidar su posición. Algunos son de La Cámpora, que ingresó a la “política grande” como promesa de renovación.
Que quede claro: la necesidad de modernizar muchos paradigmas históricos de la política no tiene signo partidario. Se puede percibir tanto con La Cámpora como con el PRO y algunas otras expresiones partidarias. La coyuntura pide no sólo gente joven sino mentalidades jóvenes, es decir, ideas que se correspondan con el mundo que vivimos hoy, donde la información circula libremente.
¿Dónde quedó la promesa renovadora de La Cámpora? Algún viento partidario se la llevó hace tiempo. Bastó que empezaran a ocupar cargos para mostrar que se puede ser joven y tener una forma de hacer política prehistórica. Con ideas que se inventaron hace por lo menos cuatro décadas para un país que atravesaba otras problemáticas, legislan a favor de las falacias que el Gobierno necesita para postergar su más que evidente derrumbe.La de los valores villeros es una de ellas. Esta semana el coro de diputados del FPV canta otra canción, la del vicepresidente intocable. La del funcionario que no debe explicaciones. Con esos argumentos, el kirchnerismo va a rechazar las exigencias de la oposición.
Parte fundamental de esta estrategia es la de responsabilizar a los medios. Así lo expresó la diputada oficialista Adela Segarra, que preside la Comisión de Juicio Político, en el programa de Marcelo Longobardi. Para ella, el juicio político sería darle tratamiento parlamentario a un “hecho mediático”.
Segarra minimiza la gravedad del asunto jugando la gastadísima carta de los medios hegemónicos que construyen una supuesta realidad virtual, hecha de falsedades malintencionadas. Lo cierto es que el Vicepresidente está siendo procesado y que las pericias, conforme avanzan, lo comprometen cada vez más.
La imagen de Boudou ya está deteriorada. Lo mejor que puede hacer el oficialismo es facilitar el juicio político, que en caso de resultar favorable al vicepresidente daría pruebas contundentes de la transparencia que proclaman.
Sin embargo, tal cosa no ocurre. Por el contrario, a los diputados oficialistas se les traba la lengua a la hora de hablar de las cosas más sencillas, como le pasó a Segarra al hablar de la expropiación de Ciccone.
Pero algunas cosas están cambiando. Podrá no haber juicio político, pero se está terminando la creencia en figuras sagradas. Asoma en su lugar una política de gestión, con funcionarios bajo el escrutinio constante de la sociedad. Todo salta con más facilidad a la vista, nadie puede controlar todos los canales de información. Y cada vez son más los dirigentes que por voluntad propia (un signo de inteligencia y habilidad, sin duda) disponen públicamente la información de sus movimientos. La transparencia es algo que el dirigente debe ofrecer y no que la sociedad, la justicia, los medios o quien sea deba solicitarle. El vínculo de representación empieza por ahí.
