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Nélida Sérpico y nuestras fantasías de justicia

El relato policial es uno de los géneros de ficción que ha ganado más popularidad a lo largo de la historia con un gran caudal de novelas y cuentos primero, y películas y series de televisión después. Ya desde sus inicios la figura del detective amateur era recurrente. Se trata de un personaje que no tiene participación formal ni en la policía ni la justicia, lo que podríamos llamar un ciudadano común, que gracias a sus grandes capacidades de observación y deducción o a su perseverancia logra resolver los casos a los que la policía no logra dar respuesta. En este tipo de historias (Sherlock Holmes es, sin duda, el ejemplo más conocido y celebrado) las virtudes del detective amateur tienen como contrapunto la ineptitud policial: los policías siempre son representados como incapaces, faltos de atención o a veces lisa y llanamente negligentes. Se trata de ficciones, por supuesto, pero en las ficciones podemos encontrar las fantasías y ensoñaciones de una sociedad. La fantasía en este caso es la deun héroe que puede devolver el equilibrio en la lucha contra el crimen ante una policía y una justicia inoperantes.
¿Con qué fantaseamos los porteños cuando pensamos en el delito y la inseguridad? ¿Cómo nos relacionamos con los canales formales de la justicia?
Ciertamente hay un gran sentimiento de vacío respecto a la seguridad. Hace unos meses, los lamentables episodios de linchamientos a delincuentes por parte de ciudadanos nos pusieron a hablar sobre dónde debemos trazar los límites entre lo tolerable y lo intolerable. La posición de esta columna era la de entender el fenómeno como un síntoma de algo que no está funcionando bien.
Ayer por la tarde el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 sentenció a Facundo Caimo, integrante de la banda de narcos Los Quebrados del barrio Rivadavia (cercano a la villa 1-11-14) por el asesinato de Octavio Gómez, de 16 años.
Octavio fue asesinado en diciembre de 2005. Su madre, Nélida Sérpico, pasó los últimos ocho años deambulando el barrio, disfrazada para que no la reconozcan, mostrando a los vecinos un identikit del asesino confeccionado a partir del testimonio de otro joven que estaba con Gómez el día que lo balearon, y que salió con vida. Ni el testimonio de Patrick, el amigo, ni la denuncia de Sérpico tuvieron efecto en su momento.
El trabajo de inteligencia cuasi-detectivesco de Nélida Sérpico, que recuerda al caso de Susana Trimarco (la madre de Marita Verón, la joven tucumana secuestrada y obligada a prostituirse), finalmente logró dar con el asesino, quien fueinterceptado por Gendarmería, luego de que la policía le pidiera a Sérpico que “llamara en otro momento” cuando se comunicó para indicar el paradero de Caimo.
No todo es informalidad en esta historia. La participación y el compromiso de la fiscal Mónica Cuñarro, del Ministerio Público Fiscal, fue decisiva.
De acuerdo con Cuñarro, una especialista en delito organizado y narcotráfico, el crimen se circunscribe a las disputas territoriales de los grupos narcos en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Un informe elevado por la fiscal sostiene que si bien los hechos ocurrieron hace varios años los patrones de conducta y el contexto a los que corresponden persisten en la actualidad. La precariedad habitacional es el factor fundamental en el que se enmarcan episodios como éste, según el documento.
El caso cobró cierta importancia en la prensa por su excepcionalidad y la figura de Nélida Sérpico fue tomada como “ejemplar”. No hay dudas de que lo que hizo esa mujer es admirable. Dejando eso de lado, es importante que su historia no pase a ser otra más de esas fantasías colectivas de las que hablamos al inicio de esta columna. Que lo admirable no nuble los hechos: los mecanismos formales de detección y castigo del delito están en jaque.
Cuando la Justicia sólo se mueve por la fuerza de los individuos, ya sea los que no tienen una participación institucional formal, como Sérpico, o los que sí la tienen, como Cuñarro, las cosas no están funcionando bien.
El anhelo de la justicia por mano propia, que en este caso tuvo su afortunado desenlace formal, no debe persistir. Contrariamente, lo que necesitamos es volver a llenar el vacío de protección que es en definitiva el vacío de Estado.

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La peor de las muertes en una nueva guerra narco

Villa Lugano es una zona de conflicto. En ella se encuentran el Parque Indoamericano, la Villa 20 y el nuevo asentamiento conocido como barrio Papa Francisco, que nació a partir de la toma de un cementerio de autos. La informalidad que gana terreno en el sur de nuestra capital es obra del trabajo de distintos punteros políticos y de la connivencia silenciosa del Estado que, como sabemos, se desentiende del problema hasta que éste escala lo suficiente como para obligarlos a salir a dar alguna contención que enfríe un poco las cosas.
El domingo pasado una residente de la zona, Sofía Angles, fue baleada en su casa por un grupo de delincuentes. Como consecuencia de este siniestro, la mujer, que estaba embarazada, perdió a su bebé. La noticia, por su notable contenido emotivo, devolvió la atención mediática hacia Villa Lugano y las desgracias que forman parte de su realidad cotidiana.
Sofía Angles pertenece al Bloque Verde Alameda, la asamblea de Parque Avellaneda que hace algunas semanas denunció ante la Justicia a dos supuestos miembros de una banda de narcos que tiene poder dentro del barrio Papa Francisco. Esta banda, liderada por personas de nacionalidad paraguaya, disputa el control del territorio con otra, de nacionalidad boliviana. Según informó la prensa el mes pasado, la causa reúne ya cincuenta declaraciones testimoniales, una cantidad que da cuenta del grado de preocupación de los vecinos de la zona y su voluntad de acción para terminar con el reinado de los narcos en su barrio.
Episodios como éste ilustran lo que hace tiempo venimos diciendo con respecto al problema de las villas, que muchos quieren abordar con simplificaciones lamentables: o en la villa son todos buenos, como pretende La Cámpora con la demagogia de su proyecto de instalar el “Día de los Valores Villeros”, o en la villa son todos delincuentes como podemos escuchar de la boca de periodistas y políticos reaccionarios.
Lo que nosotros decimos de las villas es que son territorios sin Estado, sin ley, son lugares sin instituciones. Como si se tratara de pequeños países con su propia cultura y legalidad, dentro de nuestro país y a espaldas de nuestra cultura y nuestra legalidad.
La función primordial de las instituciones es establecer un marco de igualdad entre todos los habitantes de un territorio que compense las diferencias que existen entre cada individuo. Donde no hay instituciones para equiparar, manda el más fuerte. Los narcos son caciques en las villas: están organizados, tienen armamento y están financiados por agentes externos provenientes tanto de la política como del mundo empresarial.
Otros diagnósticos del problema, que omitan este factor, están destinados a recetar medidas inútiles. Hay que sacar a los narcos de las villas. Hay que hacer un trabajo de inteligencia que permita rastrear la estructura de estas organizaciones, desde sus primeros eslabones en las villas hasta los que las financian desde lejos. Hay que instalar en el territorio efectivos policiales especialmente entrenados para combatir a los grupos narcos, que sigan estrategias diseñadas según la especificidad de cada asentamiento.
Para urbanizar las villas primero hay que reconquistar esos territorios. Mal que les pese a las sensibilidades bien pensantes, la urbanización es primero un trabajo de conquista territorial y luego, sí, de integración social.
De eso se trata la Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires, iniciativa que venimos promulgando en los últimos meses y que gana cada vez más apoyo entre los vecinos de la Ciudad.

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Pacificar también es tener un plan

Logramos instalar el debate sobre pacificación. Sin embargo, y lejos de celebrar la popularidad que ganó este vocablo en la discusión pública sobre inseguridad y delito organizado, es importante subrayar la raíz de su sentido, en particular a partir del “megaoperativo” contra narcos. El hecho de que el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, y el secretario de Seguridad, Sergio Berni, hayan allanado los barrios periféricos no alcanza para asegurar que se esté pacificando Rosario. Entre otras cosas, porque fue un golpe esporádico, sin un proyecto a mediano plazo.
 
El despliegue fue enorme: 3.000 efectivos de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura que realizaron 89 allanamientos. Los resultados acaso hayan sido menores a los esperados: apenas 26 personas detenidas y unas mil dosis de cocaína y de marihuana incautadas. Lo que hubo, entonces, parece más una “reacción” a las maniobras de los narcos que una iniciativa planificada. Los narcos están marcando el ritmo de esta batalla.
 
Además, existen posiciones encontradas en el propio gobierno nacional respecto a cómo conceptualizar el problema. La discusión se fue por las ramas: que si Argentina es o no un país de producción. En el medio, se pierde cuestión la cuestión central: cómo combatir el narcotráfico, flagelo que el Gobierno desconoció durante mucho tiempo. Al ministro de Defensa, Agustín Rossi, no se lo vio en este nuevo episodio de la incipiente lucha contra los narcos que tuvo su detonante en amenazas de muerte realizadas a finales de marzo al juez Juan Carlos Vienna y al fiscal Guillermo Camporini.
 
Para garantizar el avance del Estado sobre las zonas copadas por el delito, va a ser necesario maximizar recursos, disponer de ellos inteligentemente. Los 2 mil efectivos que quedaron en la zona tras el operativo de Rosario necesitan hacer un trabajo conjunto con la comunidad y el gobierno provincial. Si esto no pasa estaremos en presencia de un enorme dispendio de recursos humanos necesarios para el combate real del delito organizado. 
 
Pacificar es tener un plan, distinguir etapas de intervención y, sobre todo, tener la iniciativa para desbaratar a las bandas de narcotraficantes e incluir a las zonas excluidas a los derechos y obligaciones ciudadanos.
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Tu firma puede derrotar al narcotráfico

El narcotráfico se ha expandido en Buenos Aires. Cada año presenciamos más conflictos armados en villas y asentamientos precarios de la Ciudad. Por eso, ha llegado el momento de actuar para que el narcotráfico, la inseguridad y el delito dejen de ser temas del futuro.Con tu firma podés ayudar a la implementación del proyecto de Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires.La iniciativa es impulsada por el IPP – Instituto de Políticas de Pacificación, una asociación civil encabezada por mí, Diego Kravetz.
A las villas llega a cuenta gotas el Estado y servicios básicos como luz, agua, gas, recolección de residuos o seguridad, entre otros. Los narcotraficantes se convierten entonces, en muchos casos, en la autoridad de esos territorios.
Así las villas se aíslan de la ley y de las normas de convivencia y se genera cada vez más injusticia.
Injusticia para los que viven en villas, porque no pueden vivir dignamente, no consiguen trabajo y no acceden a derechos básicos.
Injusticia para los que viven fuera de las villas, porque crece la inseguridad y porque la ciudad se vuelve cada vez más difícil.
Pacificar las villas es terminar con la injusticia en la Ciudad de Buenos Aires.
El proyecto de Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires se inspira en el plan de acción llevado a cabo en Río de Janeiro desde el 2008 y que ha mostrado grandes avances.
Consiste en la implementación de UPP -Unidades de Policía de Pacificación-, que son fuerzas de policía especialmente entrenada que intervienen para desmantelar a los grupos delictivos y expulsarlos del territorio.
Una vez recuperado el territorio, se instalan las UPSs –Unidades de Pacificación Social-. Se trata de unidades estatales que trabajan junto a los vecinos en la urbanización del territorio, la entrada de servicios formales y las condiciones aceptables de vida conforme a reglas claras.
Vuelven la ley y el orden.
El trabajo de pacificación se hace en conjunto con la comunidad, a través de una policía formada para ejercer el trabajo comunitario que atienda a las preocupaciones y problemas de los vecinos.
Es por eso que a partir del 19 de marzo vas a empezar a ver algunas mesas del Instituto de Pacificación Social donde podés acompañarnos con tu firma para hacer realidad este proyecto.
Ayudanos a impulsarlo. Ayudános a pacificar Buenos Aires. 

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Las voces oficiales y qué nos dicen sobre el narcotráfico

Uno de los temas de la semana, y que tiene mucho que ver con lo que venimos hablando en varias entregas de esta columna semanal, fue la “discrepancia” entre el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y el secretario de Seguridad,Sergio Berni, sobre si la Argentina es o no un país de producción de droga.
La misma se desarrolló en el contexto de dos entrevistas radiales a cada uno de los funcionarios: primero Agustín Rossi aseguró en Radio Rivadavia que Argentina pasó de ser un país de tránsito y consumo a uno de elaboración.Además estableció la importancia de conducir un trabajo de inteligencia y reducción del delito organizado, el cual -según el ministro- tiene más larga data que el narcotráfico (antes los delincuentes se dedicaban a otros delitos y en cierto punto habrían “cambiado de rubro”).
Por otro lado, Sergio Berni fue entrevistado por La Red. Desconoció haber escuchado a Rossi hacer tales declaraciones y desmintió la clasificación de Argentina como un país productor debido a que, según la definición que maneja Berni de producción, ésta implica la elaboración de la materia prima, es decir la cocaína mayormente, para la cual no están dadas en el país las condiciones geográficas y climáticas. En una segunda entrevista en Rock & Pop, Berni se explayó sobre esta cuestión terminológica: la “producción” de cocaína se realiza en los países geográficamente aptos (Colombia, Bolivia y Perú); aquí se ejercen procesos adicionales como la adulteración (diluir la pureza de la materia prima para aumentar su cantidad y hacerla rentable), fraccionado y envasado (en el caso del éxtasis, cuya materia prima viene de Asia) y distribución. En esta segunda entrevista el secretario de Seguridad expresó su posición a favor de la despenalización de la marihuana y citó al narcotraficante Pablo Escobar para sostener que la lucha contra el narcotráfico tiene una desventaja numérica con respecto a los delincuentes. Esto último escandalizó a la prensa y varios periodistas, aunque si uno escucha la entrevista la idea fue sacada de contexto: Berni venía hablando de la ineficacia de los medios tradicionales de combatir al narcotráfico, pero no sentenció ninguna imposibilidad para hacerlo.
Lo que sí es motivo de preocupación es ver que no hay una visión unificada en el cuerpo de funcionarios del gobierno sobre cómo referirse al problema y mucho menos cómo tratarlo. No es de extrañarse pues que todo gire en torno a cuestiones puramente semánticas: lo que Rossi llamó “elaboración” para Berni es otra cosa. Hay que saber distinguir el carácter de ambos discursos. Rossi hizo una declaración política, Berni hizo una explicación técnica. Para calmar a las fieras, Capitanich declaró que se trató simplemente de interpretaciones distintas sobre lo mismo. Lo que realmente le interesa al Gobierno es dejarnos en claro que la Argentina no es un país productor. Muy bien, ¿y con eso qué?
Lo que tiene que ocupar nuestra atención son los modos de desmantelar el delito organizado en el país que viene creciendo desde hace varios años. Berni reconoce este aumento no sólo en el hecho de que cada vez es mayor sino que también más violento. Para el secretario de Seguridad esto es algo que no pasa solo en la Argentina sino que expresa una tendencia mundial. Nuevamente tiene razón, como también es cierto que aquí el problema no está tan avanzado como en Colombia o Brasil por citar dos casos. Sin embargo todavía seguimos preguntándonos qué acciones concretas se tomarán para evitar que lleguemos a ser como estos países. Y mal que nos pese, como venimos diciendo, hablar de narcotráfico debería obligarnos a hablar de las condiciones de vida precarias en las que viven cada vez más ciudadanos en villas miseria y asentamientos, tema que no fue señalado por ninguna de las voces que participan de este tira y afloje mediático. Ya es sabido que en estos complejos habitacionales opera la mayor parte de los cárteles y que la exclusión social es un caldo de cultivo para que los narcos recluten mano de obra.
Las declaraciones de Rossi apuntan más a proyectar su oposición política contra el Gobierno de Santa Fe que a un verdadero planteo de resolución de este conflicto que creció bajo la vista gorda de autoridades de diversos distritos y jurdisdicciones (empezando por el propio Gobierno Nacional).
Parece que el coro de las voces oficiales empieza a desajustarse y cada uno canta por su lado la melodía que más le conviene. Hace poco el Gobierno empezó a reconocer (por motivos puramente de fuerza mayor) la existencia en el país de problemas que aquejan a la población y cuya existencia negó por mucho tiempo: el narcotráfico es uno de ellos.
Si se produce o no se produce en el país es una discusión de segundo orden. Lo que está clarísimo es que Argentina es parte del circuito de la droga a nivel continental y que los medios para frenarlo no están dando resultado. Quizás no estamos apuntando al lugar correcto. ¿Qué puntería tendrá el Gobierno ahora que para todo le tiembla la mano?
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