La peor de las muertes en una nueva guerra narco

Villa Lugano es una zona de conflicto. En ella se encuentran el Parque Indoamericano, la Villa 20 y el nuevo asentamiento conocido como barrio Papa Francisco, que nació a partir de la toma de un cementerio de autos. La informalidad que gana terreno en el sur de nuestra capital es obra del trabajo de distintos punteros políticos y de la connivencia silenciosa del Estado que, como sabemos, se desentiende del problema hasta que éste escala lo suficiente como para obligarlos a salir a dar alguna contención que enfríe un poco las cosas.
El domingo pasado una residente de la zona, Sofía Angles, fue baleada en su casa por un grupo de delincuentes. Como consecuencia de este siniestro, la mujer, que estaba embarazada, perdió a su bebé. La noticia, por su notable contenido emotivo, devolvió la atención mediática hacia Villa Lugano y las desgracias que forman parte de su realidad cotidiana.
Sofía Angles pertenece al Bloque Verde Alameda, la asamblea de Parque Avellaneda que hace algunas semanas denunció ante la Justicia a dos supuestos miembros de una banda de narcos que tiene poder dentro del barrio Papa Francisco. Esta banda, liderada por personas de nacionalidad paraguaya, disputa el control del territorio con otra, de nacionalidad boliviana. Según informó la prensa el mes pasado, la causa reúne ya cincuenta declaraciones testimoniales, una cantidad que da cuenta del grado de preocupación de los vecinos de la zona y su voluntad de acción para terminar con el reinado de los narcos en su barrio.
Episodios como éste ilustran lo que hace tiempo venimos diciendo con respecto al problema de las villas, que muchos quieren abordar con simplificaciones lamentables: o en la villa son todos buenos, como pretende La Cámpora con la demagogia de su proyecto de instalar el “Día de los Valores Villeros”, o en la villa son todos delincuentes como podemos escuchar de la boca de periodistas y políticos reaccionarios.
Lo que nosotros decimos de las villas es que son territorios sin Estado, sin ley, son lugares sin instituciones. Como si se tratara de pequeños países con su propia cultura y legalidad, dentro de nuestro país y a espaldas de nuestra cultura y nuestra legalidad.
La función primordial de las instituciones es establecer un marco de igualdad entre todos los habitantes de un territorio que compense las diferencias que existen entre cada individuo. Donde no hay instituciones para equiparar, manda el más fuerte. Los narcos son caciques en las villas: están organizados, tienen armamento y están financiados por agentes externos provenientes tanto de la política como del mundo empresarial.
Otros diagnósticos del problema, que omitan este factor, están destinados a recetar medidas inútiles. Hay que sacar a los narcos de las villas. Hay que hacer un trabajo de inteligencia que permita rastrear la estructura de estas organizaciones, desde sus primeros eslabones en las villas hasta los que las financian desde lejos. Hay que instalar en el territorio efectivos policiales especialmente entrenados para combatir a los grupos narcos, que sigan estrategias diseñadas según la especificidad de cada asentamiento.
Para urbanizar las villas primero hay que reconquistar esos territorios. Mal que les pese a las sensibilidades bien pensantes, la urbanización es primero un trabajo de conquista territorial y luego, sí, de integración social.
De eso se trata la Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires, iniciativa que venimos promulgando en los últimos meses y que gana cada vez más apoyo entre los vecinos de la Ciudad.

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El mundial y la seguridad en Brasil

Según una nota publicada en el sitio de ESPN el 23 de mayo, el Mundial de Brasil 2014 es el más lucrativo de la historia. También estaría siendo el más costoso: el gasto total estimado para el gobierno de Brasil sería de 14 mil millones de dólares. Gran parte de este total estaría destinada al mejoramiento de los estadios de las 12 ciudades en las que se juegan los partidos, los aeropuertos, el sistema de transporte y, por supuesto, la seguridad.
Brasil implementó el operativo de seguridad más grande jamás realizado para un campeonato de la FIFA. El presupuesto -mayor a 800 millones de dólares- que implicó la movilización de más de 150 mil policías y soldados fue, de acuerdo con Ralf Mutschke, director de seguridad de la FIFA, motivo de tranquilidad para el ente organizador del torneo, luego de los varios disturbios y manifestaciones acontecidos durante el tiempo previo al inicio del mundial.
Las medidas de seguridad que el Estado de Brasil tomó para este Mundial también están pensadas para las Juegos Olímpicos que se celebrarán allí en 2016. Además de la movilización de efectivos policiales y del ejército, se incluyó la compra de robots de Estados Unidos, drones de Israel y tanques de Alemania.
El modelo de robots utilizado es el packbot 510 y lo desarrolla una empresa estadounidense llamada iRobot. Son robots de asistencia militar equipados con cámaras y que pueden identificar artefactos explosivos improvisados, es decir, no convencionales en sentido militar. Cada unidad cuesta entre 100 mil y 200 mil dólares.
Por otro lado, los drones, más conocidos aquí en Argentina por la experiencia que se viene haciendo en el Municipio de Tigre, son vehículos aéreos no tripulados. Brasil compró a Elbit Systems, la empresa israelí de defensa, 2 ejemplares del modelo Hermes 900, que sobrevuelan el territorio.
En el medio de todo este despliegue de tecnología destinada a la seguridad, la policía de Brasil fue equipada con lentes de reconocimiento facial que sirven para identificar fácilmente entre una multitud la presencia de criminales buscados por la policía.
Cabe destacar que, junto con el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos, Brasil ha sido recientemente sede de la cumbre medioambiental de las Naciones Unidas, los Juegos Mundiales Militares y la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, en la que la visita del Papa Francisco convocó a  casi 4 millones de personas.
En el transcurso de los últimos años y con proyección a los que vienen, Brasil, un país que se perfila como potencia emergente ha sido el escenario de eventos internacionales que redimensionaron su necesidad de definir políticas de seguridad. Esto se vio cristalizado en el documento Garantía de Ley y Orden lanzado por el Ministerio de Defensa el año pasado. El mismo otorga potestad a las Fuerzas Armadas (ejército, prefectura y fuerzas aéreas) la capacidad de intervenir en conflictos de orden civil y establece los modos en los que pueden tener lugar sus intervenciones.
En definitiva, la militarización de la seguridad en Brasil, de la cual hemos dado cuenta en esta columna al referirnos a las Unidades de Policía de Pacificación que se vienen llevando a cabo en Río de Janeiro desde 2008, es una característica notable de sus políticas de seguridad en los últimos años.
Brasil es uno de los países de la región sudamericana con mayor cantidad de asentamientos precarios (favelas) donde operan los grupos de narcotraficantes más importantes de la región. Sus pretensiones de ascender globalmente como potencia mundial demandan un endurecimiento notable de su control securitario. En esta línea vienen sus iniciativas recientes en la materia para las cuales, la Copa Mundial de Fútbol, es sólo un desafío más que sólo una detallada evaluación posterior nos dirá qué tan bien supieron sortearlo.

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La Cámpora, esos jóvenes prehistóricos

El enfrentamiento por el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou y la eventualidad de un juicio político va más allá de lo específico del caso y tiene que ver con los mecanismos para asegurar la transparencia de nuestros dirigentes.
Escribo esta columna a algunas horas de la reunión de la Comisión de Juicio Político. El kirchnerismo ya adelantó que votará en contra y se preocupó por congregar a los diputados más duros para convalidar su posición. Algunos son de La Cámpora, que ingresó a la “política grande” como promesa de renovación.
Que quede claro: la necesidad de modernizar muchos paradigmas históricos de la política no tiene signo partidario. Se puede percibir tanto con La Cámpora como con el PRO y algunas otras expresiones partidarias. La coyuntura pide no sólo gente joven sino mentalidades jóvenes, es decir, ideas que se correspondan con el mundo que vivimos hoy, donde la información circula libremente.
¿Dónde quedó la promesa renovadora de La Cámpora? Algún viento partidario se la llevó hace tiempo. Bastó que empezaran a ocupar cargos para mostrar que se puede ser joven y tener una forma de hacer política prehistórica. Con ideas que se inventaron hace por lo menos cuatro décadas para un país que atravesaba otras problemáticas, legislan a favor de las falacias que el Gobierno necesita para postergar su más que evidente derrumbe.La de los valores villeros es una de ellas. Esta semana el coro de diputados del FPV canta otra canción, la del vicepresidente intocable. La del funcionario que no debe explicaciones. Con esos argumentos, el kirchnerismo va a rechazar las exigencias de la oposición.
Parte fundamental de esta estrategia es la de responsabilizar a los medios. Así lo expresó la diputada oficialista Adela Segarra, que preside la Comisión de Juicio Político, en el programa de Marcelo Longobardi. Para ella, el juicio político sería darle tratamiento parlamentario a un “hecho mediático”.
Segarra minimiza la gravedad del asunto jugando la gastadísima carta de los medios hegemónicos que construyen una supuesta realidad virtual, hecha de falsedades malintencionadas. Lo cierto es que el Vicepresidente está siendo procesado y que las pericias, conforme avanzan, lo comprometen cada vez más.
La imagen de Boudou ya está deteriorada. Lo mejor que puede hacer el oficialismo es facilitar el juicio político, que en caso de resultar favorable al vicepresidente daría pruebas contundentes de la transparencia que proclaman.
Sin embargo, tal cosa no ocurre. Por el contrario, a los diputados oficialistas se les traba la lengua a la hora de hablar de las cosas más sencillas, como le pasó a Segarra al hablar de la expropiación de Ciccone.
Pero algunas cosas están cambiando. Podrá no haber juicio político, pero se está terminando la creencia en figuras sagradas. Asoma en su lugar una política de gestión, con funcionarios bajo el escrutinio constante de la sociedad. Todo salta con más facilidad a la vista, nadie puede controlar todos los canales de información. Y cada vez son más los dirigentes que por voluntad propia (un signo de inteligencia y habilidad, sin duda) disponen públicamente la información de sus movimientos. La transparencia es algo que el dirigente debe ofrecer y no que la sociedad, la justicia, los medios o quien sea deba solicitarle. El vínculo de representación empieza por ahí.

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