Por qué hay que declarar de inmediato la emergencia en seguridad

ce algunas semanas salió en los diarios la solicitud que hicimos a los gobiernos de la Ciudad y Nación desde el Frente Renovador, Florencia Arietto y quien escribe, para declarar el estado de emergencia en seguridad en la Ciudad. La noticia hizo hincapié más bien en cuestiones políticas y dejó de lado las implicancias concretas del pedido que están plasmadas en un proyecto de Ley. Quiero aprovechar el espacio de esta columna para contarles de qué se trata la iniciativa que estamos presentando.

En diciembre de 2006 se sancionó la ley 2257 de Transferencia de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que trasladaba  la capacidad de reprender ciertos delitos a la órbita de la Ciudad. Esto, que fue ciertamente un gran avance en la autonomía de la Capital, lamentablemente hoy día tiene algunas repercusiones negativas que es necesario resolver con suma urgencia.

Hace meses que venimos hablando sobre cómo los conflictos de Buenos Aires vinculados a la violencia, el delito y las ocupaciones ilegales son de competencia compartida entre la Nación y la Ciudad. En ese juego de mutuas responsabilidades ambos gobiernos se señalan el uno al otro como chivos expiatorios y, paradójicamente, justifican su irresponsabilidad. No es ninguna novedad que el kirchnerismo y el macrismo, encarnados enemigos para la prensa, sepan capitalizar su contienda ideológica para minimizar costos políticos de su inacción en materia de seguridad.

El proyecto que presentamos provee un marco regulatorio para la acción contra el delito que impida a los gobiernos tomarse estas desafortunadas “licencias”.

Para explicarlo brevemente:

1) Establece la conformación de un Comité de Crisis de Seguridad pública de la Ciudad de Buenos Aires a conformarse por el ministro de Seguridad de la Ciudad, el jefe de la Policía Metropolitana, el vicepresidente primero de la Legislatura, el Fiscal General de la Ciudad, el ministro de Seguridad nacional y la Procuradora General de la Nación. Esto formalizará las vías de comunicación y el trabajo en conjunto de las autoridades de ambas jurisdicciones que actualmente parecen comunicarse sólo a través de declaraciones en diarios y programas de radio.

2) Estipula el traslado de efectivos de la policía metropolitana a las comunas 7 (Flores y Parque Chacabuco), 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano) y 9 (Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda), que conforman las zonas más jaqueadas por el delito organizado, actualmente desprovistas de presencia de las fuerzas de seguridad locales.

3) Fija un plazo de 30 días para la elaboración de un plan de seguridad integral para la Ciudad, cosa que no existe aún y es cada vez más necesaria.

La superposición de responsabilidades entre ambas autoridades ha puesto a la ciudadanía porteña en un callejón sin salida. Para no desperdiciar el logro de la ley impulsada en 2006, hay que avanzar en formalizar los procedimientos conjuntos de ambos gobiernos para que sus faltas no queden justificadas por las del otro.

La necesidad de orden, que se hace visible a lo largo y ancho del país, no es sólo de la sociedad sino también de los organismos del Estado y de las autoridades. Es este desorden normativo el que permite que el delito avance y se instale en nuestros territorios deteriorando la vida de los ciudadanos.

 

Infobae.com

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Luchar contra el delito, de una vez por todas

El video que circuló esta semana del intento de robo por parte de un motochorro a un turista canadiense en el barrio de La Boca ilustra a la perfección muchas de las contradicciones que paralizan lamentablemente la lucha contra el delito. Tenemos la exhibición pública de un delincuente, capturado por la cámara in fraganti en el desarrollo de una acción criminal, un verdadero documento que prueba animosidad delictiva y que debería ser suficiente como para justificar la detención y conducir el proceso. El ladrón estaba armado e hizo varias amenazas a la víctima. Lo cruzó con una moto mientras éste transitaba en bicicleta por una bicisenda. Cuando el joven, que no comprendía la “solicitud” de su asaltante, se bajó del vehículo el ladrón lo empezó a seguir y lo arrinconó ordenándole nuevamente que le entregara su mochila. No hay que ser un abogado muy brillante para encontrar la figura delictiva en este caso.

La escena tiene algo de tragicómico. El turista, que no habla el idioma, repetía sin cesar “amigo, amigo”, como en un intento de calmar a su agresor, el cual se vio obligado a correrlo, con revólver en la mano y todo.

No obstante todo ello, el delincuente está suelto nuevamente. ¿Qué nos pasa? ¿Nos volvimos ya totalmente incapaces para proveer justicia que los casos más ostentosos quedan así de impunes?

En el Instituto Argentino Excelsior, del barrio de Caballito, los estudiantes sufren cada tres días intentos de robo y hechos de inseguridad. Anteayer trascendió el caso de un pibe que fue también interceptado por un motochorro que lo amenazó con un cuchillo para que le entregara el teléfono celular.

La indignación crece día a día entre los ciudadanos. Esto se dejó ver con mucha claridad con las declaraciones recientes del actor Ivo Cutzarida que generaron la adhesión de mucha gente en las redes sociales. El discurso de la indignación pide nada menos que la aplicación de la ley. Desde ese punto de vista las transgresiones cotidianas a nuestra sensación de seguridad que luego salen impunes están más o menos resguardadas en un mal ejercicio de la justicia.

Hay mucho de cierto en eso, pero también creo que el problema excede la mera aplicación de la ley. Casos como el del video ponen en jaque a los jueces ya que no hay un sistema de leyes que contemple la viabilidad probatoria de documentos como éste, producidos por los propios ciudadanos con las capacidades nuevas que nos da la tecnología. ¿Cómo puede ser que en una Ciudad en la que es muchísima la gente que tiene celulares con cámara, en una ciudad en la que casi todo puede ser grabado y transmitido a las mayorías, no estén mejor aceitados los mecanismos de sanción del delito? La ciudadanía misma es en este momento un potencial dispositivo de vigilancia y control y sin embargo se encuentra más desprotegida que nunca.

La inseguridad va mutando, como también van cambiando nuestras posibilidades materiales de combatirla. Necesitamos leyes que se correspondan con el estado actual de la situación.

Contrariamente a ese deseo, los que se desentienden de la gravedad del asunto proceden por medio de la naturalización de la violencia. Y no creamos que la indignación colectiva es un indicador del fracaso de esta estrategia. Funciona muy bien. Pregúntense si no, honestamente, ¿cuántos de ustedes, luego de ver el video del intento de asalto, creyeron con convicción que el delincuente sería procesado?

Nos estamos acostumbrando a nuestra situación de desamparo y cada vez nos identificamos más con nuestra propia indignación. Buenos Aires es cada vez más una ciudad sitiada por el delito. Se camina por sus calles con miedo al otro, al desconocido. Delincuentes, trapitos, limpiavidrios, son personajes que se han vuelto demasiado cotidianos y producen frustración y enojo en la mayoría de los ciudadanos.

Para ganar la lucha contra el delito hay que empezarla, verdaderamente. Con toda la honestidad que eso requiere, la de admitir que hemos dejado que años de marginalidad, resultado de pésimas administaciones públicas, se llevaran consigo la buena voluntad de muchos ciudadanos. Pero el orden no puede depender de la buena voluntad. Al orden hay que saber armarlo. Principalmente, envistiendo contra el delito en todas sus formas y con todas nuestras herramientas.

Por eso insistimos en la necesidad de que se declare la emergencia en seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Porque no queremos más desentendimiento oportunista de las autoridades. No queremos más discusiones estériles sobre si los medios de comunicación exageran o no exageran las cosas. Hablen con sus vecinos y pregúntenles, cuántas veces los robaron, o los agredieron física o verbalmente en la calle. Ahí están los números que indican cómo estamos perdiendo contra la desidia, la informalidad y la falta de orden. Y estamos perdiendo, sencillamente, porque no estamos luchando en serio.

Infobae.com

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Proyecto de Ley: Declaración de Emergencia en Seguridad en la Ciudad de Buenos Aires

Después de los incidentes sucedidos en el barrio Papa Francisco de Villa Lugano junto a Florencia Arrieto decidimos hacer uso de nuestro derecho como ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires ateniendonos a nuestros deberes y obligaciones por el lugar en el que ocupamos siendo parte del Frente Renovador.

Está implantada la idea de que mientras exista la pobreza no se pueden discutir políticas de seguridad, los cual nos resulta ridículo. El Estado tiene que marcar la punibilidad independientemente de la situación socio-económica.
Nuestra idea es generar un ámbito para que las dos jurisdicciones que compiten en materia de seguridad puedan articularse en busca de un mismo fin, terminar con el crecimiento de la inseguridad mediante un comité de crisis donde estén los principales actores de cada una de las jurisdicciones y se elabore un plan integral de seguridad en el plazo de 30 días.

PROYECTO DE LEY

Articulo 1ro: Declárese la emergencia en materia de seguridad en ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Articulo 2do: Créase la Comité de crisis de seguridad pública de la Ciudad de Buenos Aires conformado por el Ministro de Seguridad de la Ciudad, el Jefe de la Policía Metropolitana, el Vicepresidente Primero de la Legislatura, el Fiscal general de la Ciudad, el Ministro de Seguridad Nacional o quien el/ella ministro designe al efecto y la Procuradora General de la Nación o quién ella designe, quienes serán invitados para conformar la misma.

Articulo 3ro: Instrúyase al Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires a destinar el cincuenta por ciento de los efectivos policiales metropolitanos a las comunas 7, 8 y 9 partir de la promulgación de la presente ley.

Articulo 4to: Fíjese el plazo de 30 días para que el Comité elabore un Plan Integral de seguridad para la Ciudad de Buenos Aires en las que se establecerán los compromisos asumidos por cada una de las jurisdicciones involucradas en temática.

FUNDAMENTOS

1.- Atento a los hechos de público conocimiento acaecidos en Lugano, y toda vez que quiénes tienen la responsabilidad de la seguridad en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires hace semanas se encuentran en una discusión dialéctica sin retorno con los ciudadanos como rehenes, es que consideramos declarar la emergencia en seguridad en la CABA.

2.- El Estado Nacional y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad tienen jurisdicción compartida de acuerdo a lo establecido por el artículo 129 de la Constitución Nacional, ésta jurisdicción y su respectiva competencia en materia penal ha sido ratificada a través de la ley 2.257 de transferencia progresiva de competencias penales, dicha ley permite el traspaso ordenado de determinados delitos a la órbita de la ciudad.
Lo que intentaron hacer los legisladores, tanto nacionales como locales se ha convertido en un callejón sin salida, porque conviven en el territorio nacional superposición de competencias que permiten que los funcionarios nacionales le echen la culpa a los funcionarios locales y viceversa.
Asimismo tenemos una fuerza policial local (Policía Metropolitana) y fuerzas federales (Gendarmería, PFA, Prefectura, PSA) todas ellas como auxiliares de una justicia local y/o nacional. En este marco los dos signos políticos que tienen responsabilidad en la ciudad se echan culpas mutuas, mientras proliferan los narcos en las villas y se cobran la vida de inocentes.

3.- Ante esta situación de alarma es que solicitamos la declaración de emergencia, entendiendo la misma como el trabajo en conjunto del Ministro de Seguridad de la Ciudad y el Secretario de Seguridad de la Nación en forma inmediata, en una mesa de trabajo que resuelva la cuestión bajo apercibimiento de someter a los funcionarios a juicio político previa denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario.

Estás fueron las repercusiones en los medios desde mi web.

Clarín.com
Infobae.com
Noticias Urbanas

La película de Víctor Hugo

Como si la invención de los valores villeros por parte de diputados de La Cámpora hace unos meses no fuese suficiente atropello a la razón, otro cambalache se avecinó desde el lado de la obsecuencia oficialista: Victor Hugo, periodista de reconocida trayectoria, cuya lucidez parece decrecer al mismo ritmo que la representatividad de este Gobierno, declaró recientemente ante los diarios que se vive mejor en las villas que en muchos lugares de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

Según él, el crecimiento de los asentamientos (cuyas condiciones infrahumanas de hábitat desmiente con el gastadísimo recurso de demonizar a los medios no oficialistas) es una expresión de que en la Ciudad de Buenos Aires hay cada vez más trabajo y, añade, considera una ventaja poder residir en zonas cercanas a los centros de actividad laboral más importantes, aún si esto implica vivir en una villa como la 31.

Para rematar, borrando todo vestigio de raciocinio, Victor Hugo se declara con autoridad para opinar sobre el tema por el sólo hecho de haber, según dice, padecido él la pobreza cuando niño. Con ese criterio está en condiciones de opinar sobre políticas públicas de seguridad cualquier persona que haya sido víctima del delito, cosa que enerva a este tipo de personajes, que son losprimeros en decir que desde la experiencia personal no se pueden esgrimir valoraciones racionales sobre los problemas públicos.

Todo lo que dice Victor Hugo se cae por el peso de su obsecuencia, si añadimos a la discusión el elemento que él, deliberadamente o no (vaya uno ya a saber), omite: la informalidad. En primer lugar la informalidad de las villas como complejos habitacionales, donde está más que probada la condición de hacinamiento en la que viven sus habitantes, y que es indefendible desde la perspectiva de cualquier persona que sostenga la necesidad de igualar las condiciones de vida en todos los territorios de nuestro país.

En segundo lugar, corresponde también hablar de la informalidad en el mercado laboral, cuyo crecimiento Victor Hugo celebra y designa como el indicador de la viabilidad de las villas como alternativa habitacional. Todos los estudios sobre población en villas y asentamientos indican que la mayoría de sus habitantes trabajan informalmente, esto es, percibiendo salarios precarios y sin los resguardos fundamentales de cualquier situación de empleo normal (aportes, ART, etc.).

Nuevamente con la proclamada pretensión de desestigmatizar, las voces del kirchnerismo se atragantan con sus más visibles deudas para con la sociedad. ¿Qué tipo de desestigmatización de la pobreza pretende Victor Hugo al asegurar que vivir en una villa está bueno porque se está más cerca del trabajo o del cine Gaumont, al que según su delirio van sus habitantes a entretenerse?

No hacen falta este tipo de ridiculeces para recordarnos que los que viven en villas son personas. Todos estos ejercicios de demagogia como las declaraciones de Víctor Hugo o el día de los valores villeros de La Cámpora recuerdan al típico furcio del que discrimina pero dice que tiene amigos en la categoría discriminada (“no soy antisemita, tengo amigos judíos”, “no soy racista, tengo amigos negros”, etc.).

Mientras tanto, las villas siguen creciendo, al igual que la informalidad, tanto habitacional como laboral. Si esto le parece una simple mentira mediática a Víctor Hugo, queda muy claro que la película que él mira sólo la pasan en el Gaumont.

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Sobre el asentamiento Barrio Papa Francisco.

Tuvimos que esperar una muerte para aplicar el sentido común y hacer cumplir una orden para desalojar el predio que había sido dada en marzo.
Ésa es una zona que es caldo de cultivo para que pasen muchísimas cosas por la precaridad y la falta de políticas sociales. Cuando empezó el conflicto, faltó reflejo inicial. Y después la Justicia tendría que haber despejado rápidamente la zona. Se durmió y sobre dormido aparecieron algunos sectores de la política en cabeza de diputados kirchneristas y de la izquierda que defendieron la toma.

A continuación dejo los links a los diferentes medios que hicieron eco:

Nota original

Repercusiones

• Infonews
• Noticias Urbanas
• Infobaetv

Hay que remover el asentamiento Papa Francisco

El asesinato de Melina Lopez, de 18 años, en las inmediaciones del asentamiento conocido como barrio Papa Francisco debería ser una alerta para las autoridades de la Ciudad sobre el problema que ese barrio, un añadido reciente al alarmante repertorio de villas de nuestra ciudad, representa.

Melina caminaba junto a su novio en la intersección de Pola y Fernández de la Cruz cuando fueron asaltados por un grupo de delincuentes armados. Estos intentaron robarle a Melina la cartera. Uno de ellos le disparó en la cabeza. Luego de cometido el homicidio, los asaltantes corrieron a refugiarse al asentamiento.

Este caso dista de ser aislado. La zona es escenario recurrente de robos cuyos perpetuadores utilizan el asentamiento para refugiarse. A diferencia de otros asentamientos, el barrio Papa Francisco no cumple otra función que la de resguardar delincuentes. Prácticamente no hay viviendas allí.

Como trascendió hace unos meses, la toma del predio fue organizada por Antonio Marcelo Chancalay, quien tiene una orden de captura emitida por la jueza Gabriela Lopez Iñigue, un puntero histórico de la Villa 20 que además ocupó un lugar en el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que posee acciones de una SRL llamada Mach que realizó contrataciones con el Estado (algunas a través de la fundación Sueños Compartidos, de las Madres de Plaza de Mayo, conocida por el escándalo de Schoklender). Chancalay es un peso pesado que pasó por distintos partidos políticos: fue ibarrista, fue macrista y actualmente puso su aparato a disposición del Frente UNEN.

La propia gestación de este mal llamado “barrio” es de carácter absolutamente político, a los efectos de presionar al Gobierno de la Ciudad a destinar fondos a viviendas y subsidios, cosa que este Gobierno está acostumbrado a hacer tanto como lo hace el Gobierno Nacional.

No existe ningún plan real de urbanización de esos terrenos por parte de las autoridades. El legislador Gustavo Vera (que recientemente se desvinculó de UNEN debido al papelón que involucró a Carrió y Pino Sonalas) de la agrupación La Alameda presentó hace unos meses un proyecto de urbanización en el que se establece la necesidad de sanear el terreno debido a que, por haber funcionado como un cementerio de autos, presenta propiedades tóxicas.

El barrio Papa Francisco no está, momentáneamente, en condiciones de ser habitado y por lo tanto el Gobierno no debería permitir que ese asentamiento exista, especialmente cuando su única función resulta ser la de albergar delincuentes.

Es por eso que considero que se debe proceder a demoler todo el asentamiento, perimetrarlo y empezar con el proceso de saneamiento.

Quiero ser claro respecto a esto ya que, episodios como el que protagonizó esta semana el Secretario de Seguridad Sergio Berni, demuestran que, a la hora de referirse a la relación entre pobreza y delito, hay muchas mentalidades susceptibles. El barrio Papa Francisco no es un asentamiento de gente humilde porque nadie vive allí. Se trata de un loteo hecho a mano y algunas casitas donde hoy se ocultan delincuentes como los que mataron a Melina. Hay que tirarlo abajo.

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El Instituto de Políticas de Pacificación en la Legislatura Porteña

Estas son algunas de las fotos en la charla sobre exclusión social, narcotráfico e inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires en el marco del ciclo Ideas para la Ciudad impulsado por la Legislatura Porteña.

Diego Kravetz junto a Daniel Arroyo en la Legislatura Porteña

Diego Kravetz junto a Daniel Arroyo en la Legislatura Porteña

Diego Kravetz junto a Daniel Arroyo en la Legislatura Porteña

Nota en Noticias Urbanas - 8 de Agosto de 2014

"Diego Kravetz coordina la construcción del Frente Renovador en territorio porteño. "Vamos a dar el batacazo en la Ciudad", asegura."

Creo que el copete debería haber sido el epígrafe de la imagen de la nota.

 

Nélida Sérpico y nuestras fantasías de justicia

El relato policial es uno de los géneros de ficción que ha ganado más popularidad a lo largo de la historia con un gran caudal de novelas y cuentos primero, y películas y series de televisión después. Ya desde sus inicios la figura del detective amateur era recurrente. Se trata de un personaje que no tiene participación formal ni en la policía ni la justicia, lo que podríamos llamar un ciudadano común, que gracias a sus grandes capacidades de observación y deducción o a su perseverancia logra resolver los casos a los que la policía no logra dar respuesta. En este tipo de historias (Sherlock Holmes es, sin duda, el ejemplo más conocido y celebrado) las virtudes del detective amateur tienen como contrapunto la ineptitud policial: los policías siempre son representados como incapaces, faltos de atención o a veces lisa y llanamente negligentes. Se trata de ficciones, por supuesto, pero en las ficciones podemos encontrar las fantasías y ensoñaciones de una sociedad. La fantasía en este caso es la deun héroe que puede devolver el equilibrio en la lucha contra el crimen ante una policía y una justicia inoperantes.

¿Con qué fantaseamos los porteños cuando pensamos en el delito y la inseguridad? ¿Cómo nos relacionamos con los canales formales de la justicia?

Ciertamente hay un gran sentimiento de vacío respecto a la seguridad. Hace unos meses, los lamentables episodios de linchamientos a delincuentes por parte de ciudadanos nos pusieron a hablar sobre dónde debemos trazar los límites entre lo tolerable y lo intolerable. La posición de esta columna era la de entender el fenómeno como un síntoma de algo que no está funcionando bien.

Ayer por la tarde el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 sentenció a Facundo Caimo, integrante de la banda de narcos Los Quebrados del barrio Rivadavia (cercano a la villa 1-11-14) por el asesinato de Octavio Gómez, de 16 años.

Octavio fue asesinado en diciembre de 2005. Su madre, Nélida Sérpico, pasó los últimos ocho años deambulando el barrio, disfrazada para que no la reconozcan, mostrando a los vecinos un identikit del asesino confeccionado a partir del testimonio de otro joven que estaba con Gómez el día que lo balearon, y que salió con vida. Ni el testimonio de Patrick, el amigo, ni la denuncia de Sérpico tuvieron efecto en su momento.

El trabajo de inteligencia cuasi-detectivesco de Nélida Sérpico, que recuerda al caso de Susana Trimarco (la madre de Marita Verón, la joven tucumana secuestrada y obligada a prostituirse), finalmente logró dar con el asesino, quien fueinterceptado por Gendarmería, luego de que la policía le pidiera a Sérpico que “llamara en otro momento” cuando se comunicó para indicar el paradero de Caimo.

No todo es informalidad en esta historia. La participación y el compromiso de la fiscal Mónica Cuñarro, del Ministerio Público Fiscal, fue decisiva.

De acuerdo con Cuñarro, una especialista en delito organizado y narcotráfico, el crimen se circunscribe a las disputas territoriales de los grupos narcos en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Un informe elevado por la fiscal sostiene que si bien los hechos ocurrieron hace varios años los patrones de conducta y el contexto a los que corresponden persisten en la actualidad. La precariedad habitacional es el factor fundamental en el que se enmarcan episodios como éste, según el documento.

El caso cobró cierta importancia en la prensa por su excepcionalidad y la figura de Nélida Sérpico fue tomada como “ejemplar”. No hay dudas de que lo que hizo esa mujer es admirable. Dejando eso de lado, es importante que su historia no pase a ser otra más de esas fantasías colectivas de las que hablamos al inicio de esta columna. Que lo admirable no nuble los hechos: los mecanismos formales de detección y castigo del delito están en jaque.

Cuando la Justicia sólo se mueve por la fuerza de los individuos, ya sea los que no tienen una participación institucional formal, como Sérpico, o los que sí la tienen, como Cuñarro, las cosas no están funcionando bien.

El anhelo de la justicia por mano propia, que en este caso tuvo su afortunado desenlace formal, no debe persistir. Contrariamente, lo que necesitamos es volver a llenar el vacío de protección que es en definitiva el vacío de Estado.

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La peor de las muertes en una nueva guerra narco

Villa Lugano es una zona de conflicto. En ella se encuentran el Parque Indoamericano, la Villa 20 y el nuevo asentamiento conocido como barrio Papa Francisco, que nació a partir de la toma de un cementerio de autos. La informalidad que gana terreno en el sur de nuestra capital es obra del trabajo de distintos punteros políticos y de la connivencia silenciosa del Estado que, como sabemos, se desentiende del problema hasta que éste escala lo suficiente como para obligarlos a salir a dar alguna contención que enfríe un poco las cosas.

El domingo pasado una residente de la zona, Sofía Angles, fue baleada en su casa por un grupo de delincuentes. Como consecuencia de este siniestro, la mujer, que estaba embarazada, perdió a su bebé. La noticia, por su notable contenido emotivo, devolvió la atención mediática hacia Villa Lugano y las desgracias que forman parte de su realidad cotidiana.

Sofía Angles pertenece al Bloque Verde Alameda, la asamblea de Parque Avellaneda que hace algunas semanas denunció ante la Justicia a dos supuestos miembros de una banda de narcos que tiene poder dentro del barrio Papa Francisco. Esta banda, liderada por personas de nacionalidad paraguaya, disputa el control del territorio con otra, de nacionalidad boliviana. Según informó la prensa el mes pasado, la causa reúne ya cincuenta declaraciones testimoniales, una cantidad que da cuenta del grado de preocupación de los vecinos de la zona y su voluntad de acción para terminar con el reinado de los narcos en su barrio.

Episodios como éste ilustran lo que hace tiempo venimos diciendo con respecto al problema de las villas, que muchos quieren abordar con simplificaciones lamentables: o en la villa son todos buenos, como pretende La Cámpora con la demagogia de su proyecto de instalar el “Día de los Valores Villeros”, o en la villa son todos delincuentes como podemos escuchar de la boca de periodistas y políticos reaccionarios.

Lo que nosotros decimos de las villas es que son territorios sin Estado, sin ley, son lugares sin instituciones. Como si se tratara de pequeños países con su propia cultura y legalidad, dentro de nuestro país y a espaldas de nuestra cultura y nuestra legalidad.

La función primordial de las instituciones es establecer un marco de igualdad entre todos los habitantes de un territorio que compense las diferencias que existen entre cada individuo. Donde no hay instituciones para equiparar, manda el más fuerte. Los narcos son caciques en las villas: están organizados, tienen armamento y están financiados por agentes externos provenientes tanto de la política como del mundo empresarial.

Otros diagnósticos del problema, que omitan este factor, están destinados a recetar medidas inútiles. Hay que sacar a los narcos de las villas. Hay que hacer un trabajo de inteligencia que permita rastrear la estructura de estas organizaciones, desde sus primeros eslabones en las villas hasta los que las financian desde lejos. Hay que instalar en el territorio efectivos policiales especialmente entrenados para combatir a los grupos narcos, que sigan estrategias diseñadas según la especificidad de cada asentamiento.

Para urbanizar las villas primero hay que reconquistar esos territorios. Mal que les pese a las sensibilidades bien pensantes, la urbanización es primero un trabajo de conquista territorial y luego, sí, de integración social.

De eso se trata la Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires, iniciativa que venimos promulgando en los últimos meses y que gana cada vez más apoyo entre los vecinos de la Ciudad.

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