Las voces oficiales y qué nos dicen sobre el narcotráfico

Uno de los temas de la semana, y que tiene mucho que ver con lo que venimos hablando en varias entregas de esta columna semanal, fue la “discrepancia” entre el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y el secretario de Seguridad,Sergio Berni, sobre si la Argentina es o no un país de producción de droga.

La misma se desarrolló en el contexto de dos entrevistas radiales a cada uno de los funcionarios: primero Agustín Rossi aseguró en Radio Rivadavia que Argentina pasó de ser un país de tránsito y consumo a uno de elaboración.Además estableció la importancia de conducir un trabajo de inteligencia y reducción del delito organizado, el cual -según el ministro- tiene más larga data que el narcotráfico (antes los delincuentes se dedicaban a otros delitos y en cierto punto habrían “cambiado de rubro”).

Por otro lado, Sergio Berni fue entrevistado por La Red. Desconoció haber escuchado a Rossi hacer tales declaraciones y desmintió la clasificación de Argentina como un país productor debido a que, según la definición que maneja Berni de producción, ésta implica la elaboración de la materia prima, es decir la cocaína mayormente, para la cual no están dadas en el país las condiciones geográficas y climáticas. En una segunda entrevista en Rock & Pop, Berni se explayó sobre esta cuestión terminológica: la “producción” de cocaína se realiza en los países geográficamente aptos (Colombia, Bolivia y Perú); aquí se ejercen procesos adicionales como la adulteración (diluir la pureza de la materia prima para aumentar su cantidad y hacerla rentable), fraccionado y envasado (en el caso del éxtasis, cuya materia prima viene de Asia) y distribución. En esta segunda entrevista el secretario de Seguridad expresó su posición a favor de la despenalización de la marihuana y citó al narcotraficante Pablo Escobar para sostener que la lucha contra el narcotráfico tiene una desventaja numérica con respecto a los delincuentes. Esto último escandalizó a la prensa y varios periodistas, aunque si uno escucha la entrevista la idea fue sacada de contexto: Berni venía hablando de la ineficacia de los medios tradicionales de combatir al narcotráfico, pero no sentenció ninguna imposibilidad para hacerlo.

Lo que sí es motivo de preocupación es ver que no hay una visión unificada en el cuerpo de funcionarios del gobierno sobre cómo referirse al problema y mucho menos cómo tratarlo. No es de extrañarse pues que todo gire en torno a cuestiones puramente semánticas: lo que Rossi llamó “elaboración” para Berni es otra cosa. Hay que saber distinguir el carácter de ambos discursos. Rossi hizo una declaración política, Berni hizo una explicación técnica. Para calmar a las fieras, Capitanich declaró que se trató simplemente de interpretaciones distintas sobre lo mismo. Lo que realmente le interesa al Gobierno es dejarnos en claro que la Argentina no es un país productor. Muy bien, ¿y con eso qué?

Lo que tiene que ocupar nuestra atención son los modos de desmantelar el delito organizado en el país que viene creciendo desde hace varios años. Berni reconoce este aumento no sólo en el hecho de que cada vez es mayor sino que también más violento. Para el secretario de Seguridad esto es algo que no pasa solo en la Argentina sino que expresa una tendencia mundial. Nuevamente tiene razón, como también es cierto que aquí el problema no está tan avanzado como en Colombia o Brasil por citar dos casos. Sin embargo todavía seguimos preguntándonos qué acciones concretas se tomarán para evitar que lleguemos a ser como estos países. Y mal que nos pese, como venimos diciendo, hablar de narcotráfico debería obligarnos a hablar de las condiciones de vida precarias en las que viven cada vez más ciudadanos en villas miseria y asentamientos, tema que no fue señalado por ninguna de las voces que participan de este tira y afloje mediático. Ya es sabido que en estos complejos habitacionales opera la mayor parte de los cárteles y que la exclusión social es un caldo de cultivo para que los narcos recluten mano de obra.

Las declaraciones de Rossi apuntan más a proyectar su oposición política contra el Gobierno de Santa Fe que a un verdadero planteo de resolución de este conflicto que creció bajo la vista gorda de autoridades de diversos distritos y jurdisdicciones (empezando por el propio Gobierno Nacional).

Parece que el coro de las voces oficiales empieza a desajustarse y cada uno canta por su lado la melodía que más le conviene. Hace poco el Gobierno empezó a reconocer (por motivos puramente de fuerza mayor) la existencia en el país de problemas que aquejan a la población y cuya existencia negó por mucho tiempo: el narcotráfico es uno de ellos.

Si se produce o no se produce en el país es una discusión de segundo orden. Lo que está clarísimo es que Argentina es parte del circuito de la droga a nivel continental y que los medios para frenarlo no están dando resultado. Quizás no estamos apuntando al lugar correcto. ¿Qué puntería tendrá el Gobierno ahora que para todo le tiembla la mano?

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Los jubilados, la historia y los números

Cristina Kirchner anunció la semana pasada, con bombos y platillos, el aumento del 11,31% para las jubilaciones. Fiel a su estilo habitual, criticó a los que la critican y pasó lista de todas las cosas que viene haciendo el Gobierno… desde 2003. Seguimos hablando de 2003.

Los números no mienten. La historia, por otra parte, puede ser bastante engañosa si no se la sigue atentamente. Según el Índice de Precios al Consumidor de la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires desde septiembre del año pasado, mes en el que se implementó el último aumento a las jubilaciones, hasta enero de este año los precios aumentaron un 16,2%. Esto es, 5 puntos más de lo que el Gobierno está aumentando a los jubilados hoy. Es decir, incluso en el caso improbable de que la inflación se detenga, de ahora en más los jubilados ganarían menos de lo que ya perdieron desde el último aumento. Y no parece que la inflación vaya a detenerse.

Tendemos a pensar la historia como algo que ocurrió hace muchos años, pero la historia se escribe todos los días. Es cierto, como dijo Cristina en su discurso, que este Gobierno incorporó al régimen jubilatorio a muchas personas que antes no estaban incluidas. Ese es un logro de nuestra democracia cuya firma les corresponde y cuyas virtudes se pueden arrogar con justa razón. Pero el tiempo pasa y la celebración de lo que se hizo, por más bueno que haya sido, no debería impedirnos ver lo que se hace. Y lo que el Gobierno está haciendo actualmente es, lisa y llanamente, un ajuste encubierto.

No es muy dífícil de apreciar: el Gobierno actualmente necesita cerrar paritarias por debajo del 25%, cosa que disgusta a los gremios, como quedó puesto en evidencia con las declaraciones de Antonio Caló hace unas semanas. Para mantener su capacidad adquisitiva los trabajadores necesitan por lo menos un aumento del 35%. Para el Gobierno esa cifra es impensable, no puede financiarlo.

Los aumentos a las jubilaciones se deciden en proporción a los aumentos salariales, según la Ley de Movilidad Jubilatoria. Parece claro que, cierren como cierren las paritarias, los trabajadores van a perder plata y los jubilados también.

Este es un problema que la Argentina arrastra desde hace muchos años y que se debe a que el Gobierno se negó sistemáticamente a reconocer la inflación. Los salarios aumentan, sí. Las jubilaciones aumentan, también, pero no lo hacen en proporción con el aumento de los precios.

Es el salario real lo que no se condice con las declaraciones oficiales. Porque si bien los salarios aumentan no es reconocido el aumento de precios efectivo que puede constatar cualquier ciudadano con sus visitas semanales al supermercado. El cálculo en el que se basa la decisión del 11,31% se basa en el salario promedio, que si no estuviese desfasado de la realidad adquisitiva de las personas, estaría bien, pero no es el caso y los números resultantes (jubilación mínima de 2.757 pesos y media de 4.804 pesos), con la inflación y -más aún- con la reciente devaluación, se vuelven un chiste.

Estos números, salta a la vista de cualquiera, son insuficientes para la economía doméstica de cualquier ciudadano. Y lo que es insuficiente hoy, en Argentina, mañana será paupérrimo. Los voceros oficiales, cuyas palabras corren más rápido que sus ideas, se ve que no piensan en estos números. Están más preocupados por sus números, los que tienen que cerrar a como de lugar.

¿Cómo van a cerrar las paritarias? Habrá que esperar para verlo, pero el aumento a los jubilados ya está definido y aunque algunos no quieran verlo sigue atrás de las necesidades y de la realidad de los argentinos. Se ve que ya no estamos en 2003.

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LA “AVARICIA” DE NUESTROS ABUELOS

Hablemos del ahorro, que es el tema de la semana. Hace unos días, cuando escuché las desafortunadas palabras de Jorge Capitanich me puse a pensar mucho en mi abuelo. Él nació en Rusia a principios del siglo XX (se imaginarán lo que era Rusia en ese entonces). La suya era una familia numerosa, de muchos hermanos. Cuando llegó la Primera Guerra Mundial decidieron migrar a Norteamérica, pero resultó que a mi abuelo lo tuvieron que bajar del barco porque tenía una infección en el ojo. Era un pibe y lo desembarcaron, mientras su familia se iba. Eran otros tiempos.

Sí logró, más tarde, subirse a un barco que iba rumbo a Sudamérica pensando que eso lo dejaría cerca de su destino original. Descartó subirse en otra nave con rumbo a Canadá, también disponible, por ignorancia o vaya a saber qué. La cuestión es que ese “error” lo trajo a Buenos Aires. Y lo trajo, desde ya, sin un peso.

Trabajó de lo que pudo, ahorró, se casó, ahorró más. Con el tiempo compró una casa en la Paternal, a dos cuadras de la cancha de Argentinos y enfrente del edificio donde Maradona tendría, unos cuantos años más tarde, su primer departamento.

Mi abuelo tuvo cuatro hijos, tres de los cuales fueron universitarios. Siguió ahorrando durante toda su vida. Así juntó el dinero necesario para viajar y reencontrarse con sus hermanos de quienes se vio forzado a separarse cuando niño. Nunca tuvo mucho, siempre contó con lo justo y un poquito más. Ese poquito lo usaba para ahorrar, y ahorrando construyó de todo: una familia, una casa, prosperidad para sus hijos, un futuro.

Probablemente esta historia que les acabo de contar les suene muy familiar. Prueben reescribir en ella las diferencias con la de sus propios abuelos. Cambien Rusia por España o Italia, quizás, o incluso el interior del país; Primera Guerra por Segunda, u otro momento trágico de la historia; Paternal por la Boca o Boedo. La única cosa que muy probablemente no reescriban es esta palabrita que detonó, en la última semana, semejante cantidad de barbaridades: ahorro.

Tenemos un Jefe de Gabinete que dijo que el ahorro es avaricia. Después medio que intentó retractarse diciendo que no se trataba de cualquier ahorro. Claro, el suyo propio sí es bueno para el país.

Tenemos un Gobierno que anuncia que ahora sí se pueden comprar dólares, que quienes quieran hacerlo deben percibir un salario que duplique al mínimo. Ni hablemos de que duplicar al salario mínimo hoy no es ninguna señal de opulencia. Ahora resulta también que, en palabras de la Presidenta, quienes estén en condiciones de comprar dólares también están en condiciones de no recibir subsidios a los servicios básicos.

Capitanich y Cristina hablan de “ahorro” e “inversión” como si fuesen dos conceptos que le pesan igual a todos los argentinos. Invocan ambas ideas con la más manipuladora de las ambigüedades y nos dan una instrucción sencilla: invertir en el país. Señora, no se guarde la plata, invierta en el país. Señor, no compre dólares, invierta en el país. Si usted compra dólares, tan mal no le va, no necesita que le subvencionemos los servicios.

Tratar a todos como iguales es solo en abstracto una consigna noble. Hay que preguntarse: ¿iguales  a quién? El Gobierno le habla a los ciudadanos como si fuesen todos semejantes a esos temibles y grandes empresarios rurales y mediáticos de sus fabulaciones conspirativas. ¿En qué momento desaparecieron los laburantes, los padres que quieren un futuro para sus hijos, las pequeñas y medianas empresas que buscan abrirse un lugar en esta economía de la escasez? “¡En el momento en que dejan de invertir en su país!” respondería el mejor monologuista de La Cámpora, que al mismo tiempo canta alabanzas a los subsidios que este Gobierno insiste en darle a los que no trabajan ni van a trabajar de acá a unos años (hablo, por supuesto, del Plan Progresar, al cual nos referimos hace un par de semanas).

La ambigüedad de las declaraciones oficiales buscan vaciar a la Argentina, no de dinero, sino de realidad. Sin dinero aún podemos hacer grandes cosas por nuestro futuro, como hicieron nuestros abuelos. Sin realidad estamos absolutamente perdidos. El ahorro ha sido a lo largo de varias generaciones la forma privilegiada de poner la realidad de nuestro lado. El Gobierno insiste en pelearse con ella todos los días y quiere arrastrarnos a todos en esa pelea, que no puede ganar.

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Un año sin novedades para el padre Carlos y el Bajo Flores

Hace poco más de un año, en esta misma columna, les contaba cómo entré en contacto con el padre Carlos Bouzón, de la parroquia San Judas Tadeo del Bajo Flores (link a la nota). El padre se comunicó conmigo a través de Twitter debido a que había leído mi nota de la semana anterior en la que hablaba sobre la calidad de nuestras fuerzas de seguridad y de la necesidad de que las policías de distintas jurisdicciones colaboren entre sí.

El padre Carlos y yo nos encontramos y él me mostró cómo es la realidad cotidiana del Bajo Flores, barrio donde se encuentra una de las villas más grandes y peligrosas de Buenos Aires:la 1-11-14. Caminar por esas calles cuando el sol empieza a caer sobre las edificaciones y los pibitos de 14 años salen como zombies a buscar paco es una experiencia que no la puede reflejar ninguna estadística, ningún comunicado oficial sobre si sube o baja la cantidad de delitos en la Ciudad. Las tripas no entienden de números, se te revuelven y ya.

Con la gendarmería estaban mejor, dicen los vecinos de la zona, pero la gendarmería no logra terminar de hacer pie en un territorio extenso y hostil. Eso contábamos hace un año y, lamentablemente, no ha habido novedades al día de la fecha. Muchas calles siguen sin vigilancia y sin luz. Venimos diciendo hace rato que tenemos un Estado ausente, pero creo que, para ser más correctos deberíamos hablar de un Estado que hace actos selectivos de presencia. Donde el Estado no se decide a estar presente, las opciones para las personas comunes y corrientes no son muchas: sobrellevar la situación lo mejor que se pueda o actuar, hacer un intento, un esfuerzo por pacificar internamente a una comunidad donde gobierna la violencia.

El padre Carlos opta siempre por lo segundo. Y les puedo asegurar, porque caminé con él, que no es fácil. Por eso quiero aprovechar este espacio, habiéndose cumplido un año de mi primer encuentro con él (el primero de muchos, uno más fructífero que el otro), para reivindicar el trabajo del padre Carlos y para insistir en esta petición final con la que cerré mi nota de hace un año: en Bajo Flores, dije en su momento, necesitan una mano. Hoy la siguen necesitando. No cualquier mano, la mano del Estado… una mano visible para todos los vecinos.

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Plan Progresar: otro subsidio falopa

Supongamos que te mudás a una casa que está bastante deteriorada: las paredes están rotas, se filtra el agua, tenés un toldo con agujeros, las tuberías oxidadas y los cables pelados. Lógicamente empezás a emparchar todo. Lo importante es que la cosa aguante; que la casa, que con tanto esfuerzo lograste comprar, no se te caiga encima mientras dormís. Parche aquí, parche allá, los primeros meses demostraste iniciativa, ingenio, practicidad, lograste contener el problema. Perfecto.

Ahora, ¿qué clase de manejo de su situación de vida puede presumir una persona que sostiene ese esquema durante 10 años? No hizo revoques, no cambió las tuberías ni los cables, no reemplazó el toldo, sigue viviendo en una casa llena de agujeros que para colmo cada vez son más. ¿Me seguís a dónde voy con esto?

Ayer Cristina Kirchner volvió con “buenas noticias” (razón por la que no hizo falta que Capitanich se tomara la molestia): se trata del plan Progresar, un subsidio de 600 pesos para jóvenes de entre 18 y 24 años que están o bien desocupados o percibiendo sueldos menores al salario mínimo (3.600 pesos). La iniciativa, según la Presidenta, busca incentivar a los jóvenes que abandonaron sus estudios a retomarlos, de modo tal que puedan aspirar a una mejor integración en el mercado laboral de acá a unos años. Las condiciones del plan exigen a los beneficiarios presentar certificados de alumnos regulares para cobrar el 20% del subsidio que sería retenido por la Anses (aunque no es de la Anses sino del Tesoro Nacional desde donde se financiará la medida que costará aproximadamente 11.200 millones de pesos). El 80% restante, sí, lo cobrarían todos los meses.

Argentina se parece cada vez más a una casa emparchada, solo que en este caso los inquilinos no acaban de llegar, más bien están por irse. El fervor kirchnerista de la llamada década ganada es lo único que se devalúa con más velocidad que el peso. El Gobierno lo sabe y, como manotazo de ahogado, busca reflotar sus grandes hits: los subsidios.

¿Qué es el plan Progresar? Un parche. Una leve medida de contención que aspira, como tantas cosas que hace este gobierno, a pequeñas refacciones superficiales en detrimento de los pronunciados y continuos daños de fondo sobre los que se mantiene absolutamente inoperante.

¿Cuáles son esos daños? La presidenta, a la que le encanta hablar del neoliberalismo como si se tratara de un monstruo mitológico degollado por Néstor en 2003, se refirió en su discurso de ayer a chicos que crecieron con padres desocupados y que no tienen inculcada la cultura del trabajo. Es difícil imaginar qué clase de “cultura del trabajo” se puede inculcar a través de los subsidios que percibirán muchos chicos que actualmente no trabajan. O qué clase de “presencia del Estado” (para seguir parafraseando a Cristina) supone la de aportar dinero del Tesoro a los magros salarios del empleo informal que tienen varios de estos jóvenes. Para terminar con el trabajo informal no existe iniciativa alguna que puedan celebrar ni oficialistas ni opositores.

Es un mito que los problemas del desempleo y del trabajo precario son consecuencia directa de la deserción y la interrupción educativa en tanto se mantengan como están las tres variables fundamentales del problema: 1) el actual mercado laboral (en el que cualquier cierre de paritarias por debajo del 35% de aumento, con la devaluación actual, es un ajuste salarial),  2) el actual sistema educativo y 3) las condiciones de segregación social de las cuales venimos hablando largo y tendido en esta columna semanal. Esos ejes son, para retomar la metáfora del principio de esta nota, las paredes que hay que revocar y las tuberías que hay que cambiar. Sin parches, sin medidas transitorias que encubren con cada vez menos disimulo intencionalidades populistas.

Se nos cae la casa muchachos. Hay que empezar a hacer arreglos de una vez por todas.

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Las villas, los cárteles y el Estado

No se sabe bien cuántos cárteles operan de momento en la Ciudad de Buenos Aires. Algunos dicen que son cuatro. Podrían ser más, podrían ser menos. Lo que sí se sabe es que desde mediados de la década pasada para acá, la composición y la dinámica de los grupos delictivos en la ciudad variaron mucho con la llegada de los peruanos, que están mayormente asentados en la 1-11-14 del Bajo Flores y en partes de la villa 31. Su comportamiento criminal difiere del de los cárteles de bolivianos y paraguayos, de más larga data en Buenos Aires. Tienen otros códigos de conducta: mientras que bolivianos y paraguayos se enfrentan sólo con miembros de sus cárteles enemigos, los peruanos se meten también con sus familiares y conocidos. Todos son delincuentes, desde luego, pero esta diferencia es importante porque acrecienta el clima de violencia ya de por sí bastante pronunciado que existe en las villas y que se volvió más que evidente el 7 de septiembre del año pasado con la muerte de Kevin Molina, de 9 años, en Villa Zabaleta, durante un tiroteo entre narcos.

¿Qué hace el Estado al respecto? Las “irregularidades” en el Sedronar denunciadas por el nuevo titular, el padre Juan Carlos Molina, dejan ver un precedente de negligencia sobre el cual el Gobierno ha decidido desentenderse. Con bastante descaro, Jorge Capitanich (personaje al cual tuvimos que aceptar como la voz de la presidenta, cada vez más callada) habla de las denuncias realizadas por Molina como si fuesen un logro. ¿Es que recién ahora el Estado acaba de llegar al Sedronar? No menos descarada es su reciente declaración de que la seguridad es competencia de las provincias, como si el mapa del narcotráfico no fuese transversal a muchas jurisdicciones ni requiriese un trabajo en conjunto y planificado de nuestras fuerzas de seguridad, como si no fuese un problema de carácter federal. En vez de eso, el Gobierno cree que hace suficiente ubicando a la gendarmería en la zona sur de Capital. Ciertamente esto puede contener el clima de violencia momentáneamente, pero ¿cuál es el plan?

Soluciones momentáneas para problemas que ya deberían haber agotado su tiempo. Ni el Gobierno nacional, ni el Gobierno de la Ciudad, ni mucho menos el Gobierno de la Provincia parecen tener ánimo de conducir un plan en conjunto que pueda reducir a los grupos delictivos y pacificar las zonas de conflicto. Cada tanto leemos sobre el desmantelamiento de alguna banda de narcos, como ocurrió en 2009 con la captura de tres narcos peruanos en la 1-11-14. Esas bandas se van y, si no vuelven, son reemplazadas por otras.

La necesidad de recuperar el territorio es cada vez más imperante y demanda un trabajo posterior a la reducción de los grupos delictivos que requiere de la presencia policial continua. Una vez que sacamos a los narcos de las villas hay que evitar que vuelvan y al mismo tiempo hay que darle a la comunidad motivos para que no los extrañen. No olvidemos que, donde no hay Estado presente, son estos grupos los que hacen de “intendentes de facto”, los que proveen servicios, seguridad y resolución de conflictos (ya lo dijimos, las villas son el reinado de lo irónico). Lo que se impone ahora como prioridad es sacarlos de las villas y mejorar en ellas las condiciones de vida precaria y de informalidad que son un imán para el crimen organizado.

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Villas y especulación inmobiliara (parte VII)

Hace rato que en la Ciudad de Buenos Aires la pobreza viene siendo un gran negocio. Ironías que abundan en las villas miseria y hacen que el problema sea cada vez más complejo y difícil de resolver.

Sabemos que en la 31 y la 31bis, , que conforman el complejo habitacional precario con la mayor tasa de crecimiento en los últimos años, las edificaciones no paran. Cuando no quedan territorios hacia los cuales expandirse el límite es el cielo: las edificaciones crecen hacia arriba con 5, 6 o hasta 7 pisos, en condiciones que ponen en riesgo la vida de los propios inquilinos.

La proliferación de viviendas en la Ciudad de Buenos Aires se dio en los últimos años de manera vertical, es decir, a través de la construcción de edificios. Esto produce lo que se conoce como “densificación”, un aumento de la densidad poblacional, de la cantidad de habitantes por hectáreas. La misma tendencia se ha registrado en las villas y asentamientos precarios. En 2009 la prensa hablaba de construcciones de hasta 5 pisos en las villas 31 y 31 bis. Esa densificación, en las villas, trajo consigo una mayor oferta de unidades para alquiler, lo que consolidó el mercado informal inmobiliario.

Desde luego, el crecimiento de estas estructuras es absolutamente improvisado, carece de cualquier evaluación previa sobre el terreno y la infraestructura. Pero tienen sus dueños y también sus inquilinos. ¿Cuánto cuesta el alquiler de esas piezas? Entre 1000 y 1500 pesos por mes. Una diferencia no tan grande con los costos de alquiler de un monoambiente en zonas del sur de la capital, que promedian los 2000 pesos. El espacio promedio de estas piecitas es de 20 m2, la mitad del tamaño de un departamento que cualquier hijo de vecino consideraría pequeño en el mejor de los casos. Los pisos son mayormente de cemento aislado, casi no tienen revoques en la paredes. Muchas tienen techos de losa y otras directamente de chapa. Algunos investigadores distinguen entre dos tipos de alquiler: el que hacen algunos vecinos de sus viviendas como forma de obtener un ingreso y el de los inquilinatos, que son edificaciones con entre 20 y 30 cuartos, con un propietario que cobra altas tarifas.

Las condiciones de vida son precarísimas. Aun así el Estado subvenciona el pago de los alquileres, cada vez más costosos, a los dueños ilegítimos de estas edificaciones ilegales. Permite también las conexiones clandestinas de electricidad y agua, por las cuales ni dueños ni inquilinos pagan un peso.

Un centenar de familias, imposibilitadas para afrontar los aumentos de los costos de alquiler, comenzó a asentarse durante el año pasado en el borde de la autopista Illia. Esto no hace otra cosa que sumar más riesgos. Mientras las viviendas ilegales crecen en las villas, las piezas se venden a montos que llegan hasta los 200.000 pesos y aumenta la desigualdad en Buenos Aires. Desigualdad que afecta tanto a los residentes de las villas que viven en condiciones infrahumanas como para los ciudadanos que viven en zonas lindantes donde crece la inseguridad y la frustración: ellos sí tienen que pagar luz, agua y ABL, servicios ciertamente cada vez más costosos y, como muestran los hechos recientes, más defectuosos.

Los gobiernos implementan una política de dejar hacer o directamente se hacen presente de los modos más fáciles, a través de subvenciones que mantienen el estado de situación y dejando que el problema se agrave y que los costos los paguen otros: los ciudadanos de hoy y los gobiernos de mañana. Es vital para la coexistencia pacífica y la dignidad de toda la ciudadanía que se tomen cartas en el asunto inmediatamente, con políticas serias y a largo plazo que den un marco de formalidad y pacifiquen la vida de todos los que habitamos la Ciudad de Buenos Aires.

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Villas de Capital y favelas de Brasil (parte VI)

La situación en Brasil -especialmente en Río de Janeiro- sigue siendo más problemática que en Argentina. De todas maneras, y a pesar de la distancia, se debe atender este caso, puesto que las tasas de crecimiento y expansión de las villas en Buenos Aires son ciertamente preocupantes.

Si bien la ciudad de Río posee una población muy superior a la de Buenos Aires (6.320.446 habitantes contra nuestros 2.890.151), el 5,7% de la población de nuestra metrópolis vive en asentamientos precarios, mientras que en Río de Janeiro es el 22%. En Río la cantidad total de habitantes es mucho mayor, incluso proporcionalmente a su superioridad poblacional con respecto a Buenos Aires; aquí los habitantes de asentamientos precarios se encuentran mucho más concentrados.

Basta con analizar los casos de los dos complejos habitacionales precarios más poblados de Río y Buenos Aires, laRocinha y la 21-24 respectivamente.

La Rocinha es la favela más grande, no sólo de Río de Janeiro sino de Brasil. Tiene un total de 69.161 habitantes, que representa el 4,8% de la población de asentamientos precarios de la ciudad carioca. Es la única favela que abarca la totalidad de una región administrativa de la ciudad (en otras regiones, las favelas ocupan porciones variables).

Del otro lado, la 21-24 de Barracas, que tiene 29.782 habitantes, supone 18,2% de la población de asentamientos de Buenos Aires. Estos números hablan de una mayor concentración de los habitantes de asentamientos precarios en comparación con Río.

No sólo Río de Janeiro alberga la precariedad habitacional. Son casi once millones y medio de personas las que viven en Brasil en lo que allí se denomina “aglomerados subnormales”. No es un dato menor: según el relevamiento realizado por el Instituto Brasilero de Geografía y Estadística, representa un 6% de la población total.

La mitad se reparte exclusivamente entre los estados de San Pablo y Río de Janeiro. Las principales ciudades de estos estados, San Pablo y Río de Janeiro, muestran por lejos las mayores concentraciones de favelas. La ciudad de Río de Janeiro tiene aproximadamente 1,4 millones de habitantes en asentamientos precarios. Le sigue San Pablo, con 1,3 millones. Son números parecidos, pero con un impacto muy diferente: en Río de Janeiro, esa cantidad supone un 22% de la población, casi el doble de la proporción que representa en San Pablo.

El resto de las ciudades viene muy por detrás: Salvador, por ejemplo, tiene 882 mil habitantes de favelas (33%) y Belém785 mil (el 54% de la población, por cierto alarmante). Fortaleza, Recife o Manaos presentan números altos, aunque más bajos, entre 200 y 400 mil habitantes.

En materia de inseguridad, las favelas empezaron a transformarse en territorio narco a mediados de los 80. En ese momento llegó la cocaína, y a finales de los 80 apareció el tráfico de armas. En esa época los narcotraficantes estaban mejor armados que la policía.

Con muchas dificultades, Brasil enfrenta el problema. La principal diferencia hasta acá entre la política brasileña y la argentina es la decisión firme del Estado brasilero de urbanizar.

En la Argentina, y específicamente en la Ciudad de Buenos Aires, no hay políticas públicas claras al respecto, por lo que se van manteniendo las situaciones de hecho con el Estado mirando muchas veces para otro lado. O lo que es peor, fomentado situaciones irregulares e indignas con fines meramente políticos.

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Villas y seguridad (parte V)

Dos de las tres villas más populosas de la Ciudad de Buenos Aires están en el Sur. La 1-11-14 y la 21-24 son emblemáticas en una zona en la que se acumulan asentamientos.

Se trata de un tema sensible para la seguridad. Por eso, el “Operativo Unidad-Cinturón Sur”, creado por decreto en el 2011, cambió las funciones de la Prefectura y la Gendarmería, pero también la lógica de distribución de las fuerzas de seguridad en el Sur de la Ciudad.

Hasta ese entonces, ni la Prefectura, ahora a cargo de la 21-24, ni la Gendarmería, a cargo de la 1-11-14, tenían funciones de seguridad en la zona.

En otras palabras, mientras Nilda Garré estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación, ni gendarmes ni prefectos entraban a las villas. Ese escenario cambió a partir de la gestión de Sergio Berni, secretario de Seguridad.

Los gendarmes y los prefectos empezaron a caminar dentro de las villas en binomios o trinomios y establecieron además algunos puestos perimetrales.

En una segunda etapa, se creó un cuerpo dentro de la Policía Federal capacitado como policía comunitaria especialista en villas. Ellos también se meten dentro de la villa. La caminan en trinomios.

La seguridad en las villas enfrenta tres problemas centrales. El primero, es la extensión y lo laberínticas que son.Nada fáciles de controlar, por cierto.

El segundo gran problema es el de los adictos menores ligados a la delincuencia. No le tienen miedo a la policía, según reconocen los especialistas, a la vez que los juzgados penales estiman que unos 4 mil menores que delinquen no pasan más de 24 horas detenidos.

Por último, y acaso sea lo más complejo, están las bandas narco. Las más grandes acopian y distribuyen marihuana en la 21-24. Las más importantes en materia de cocaína están en la 1-11-14.

En ese contexto, es cierto que el Operativo Cinturón Sur -con la policía de proximidad- mejoró las relaciones de vecindad dentro de la villa y bajó algo la delincuencia en los perímetros.

Sin embargo, en la 1-11-14 y en las 21-24 sigue mandando la droga. Tanto por las bandas como por los pibes que matan y se matan, la tragedia dice presente todos los días. Es momento de dar un paso más. 

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Villas y servicios públicos (parte IV)

¿Qué pasa en las villas con la luz, el agua, el gas, el teléfono, el cable, las cloacas? ¿Tienen o no tienen? ¿Pagan o no pagan? ¿Inciden las formas de acceso a los servicios públicos en la inflación de la especulación inmobiliaria de las villas?

Vamos por partes. Sabemos que en las villas hay mas de 40.000 viviendas. Estas viviendas tienen luz. ¿Cómo se abastecen? El sistema es así: como le dicen en la jerga, cada villa tiene “un tranfo” (un transformador) del cual sale el tendido que abastecen a cada una de las casas.

¿Edesur y Edenor le cobran a cada uno de los usuarios? No. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires paga el consumo total del “tranfo”. Por ello, la luz para cada uno de los habitantes de las villas es gratis.

¿Qué pasa con el agua? Acá el sistema es distinto: se realizan extensiones de caños ilegales o el Gobierno de la Ciudad provee directamente el agua potable. Por lo tanto, el agua también es gratis.

Con el gas el tema es simple, no hay tendido. Se usa garrafa. La garrafa la paga cada uno de los vecinos. sabemos que el gas envasado es el más caro del mercado.

El teléfono fijo existe en la villa, en pequeñas proporciones. No hay líneas nuevas, pero las de larga data se mantienen y las paga cada usuario.

Mayormente no hay red cloacal. Pasan camiones del Gobierno de la Ciudad que recogen la mierda. En algún momento habría que hacer la cuenta, es probable que el costo mensual del camioncito prorratiado en el tiempo, ya hubiese permitido instalar la red de cloacas más de una vez.

“No tienen para comer pero tienen tele”. Seguro que esa frase la escuchamos más de una vez. Un famoso profesor sostenía que son “pobres pero semiotizados”. Efectivamente:  hay cable en las villas. Y los usuarios lo pagan. El sistema funciona así: las empresas prestatarias tienen una cuadrilla de grandotes. Al que no pagan, le cortan. Y al que se hace el vivo, le pegan.

En este caso, el método del privado es más efectivo que el del Estado. Porque cuando no hay Estado, el privado que gana es el más fuerte: los grandotes. Sin ordenamiento muchos padecen y unos pocos se benefician.

infobae.com

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