La Cámpora, esos jóvenes prehistóricos

El enfrentamiento por el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou y la eventualidad de un juicio político va más allá de lo específico del caso y tiene que ver con los mecanismos para asegurar la transparencia de nuestros dirigentes.

Escribo esta columna a algunas horas de la reunión de la Comisión de Juicio Político. El kirchnerismo ya adelantó que votará en contra y se preocupó por congregar a los diputados más duros para convalidar su posición. Algunos son de La Cámpora, que ingresó a la “política grande” como promesa de renovación.

Que quede claro: la necesidad de modernizar muchos paradigmas históricos de la política no tiene signo partidario. Se puede percibir tanto con La Cámpora como con el PRO y algunas otras expresiones partidarias. La coyuntura pide no sólo gente joven sino mentalidades jóvenes, es decir, ideas que se correspondan con el mundo que vivimos hoy, donde la información circula libremente.

¿Dónde quedó la promesa renovadora de La Cámpora? Algún viento partidario se la llevó hace tiempo. Bastó que empezaran a ocupar cargos para mostrar que se puede ser joven y tener una forma de hacer política prehistórica. Con ideas que se inventaron hace por lo menos cuatro décadas para un país que atravesaba otras problemáticas, legislan a favor de las falacias que el Gobierno necesita para postergar su más que evidente derrumbe.La de los valores villeros es una de ellas. Esta semana el coro de diputados del FPV canta otra canción, la del vicepresidente intocable. La del funcionario que no debe explicaciones. Con esos argumentos, el kirchnerismo va a rechazar las exigencias de la oposición.

Parte fundamental de esta estrategia es la de responsabilizar a los medios. Así lo expresó la diputada oficialista Adela Segarra, que preside la Comisión de Juicio Político, en el programa de Marcelo Longobardi. Para ella, el juicio político sería darle tratamiento parlamentario a un “hecho mediático”.

Segarra minimiza la gravedad del asunto jugando la gastadísima carta de los medios hegemónicos que construyen una supuesta realidad virtual, hecha de falsedades malintencionadas. Lo cierto es que el Vicepresidente está siendo procesado y que las pericias, conforme avanzan, lo comprometen cada vez más.

La imagen de Boudou ya está deteriorada. Lo mejor que puede hacer el oficialismo es facilitar el juicio político, que en caso de resultar favorable al vicepresidente daría pruebas contundentes de la transparencia que proclaman.

Sin embargo, tal cosa no ocurre. Por el contrario, a los diputados oficialistas se les traba la lengua a la hora de hablar de las cosas más sencillas, como le pasó a Segarra al hablar de la expropiación de Ciccone.

Pero algunas cosas están cambiando. Podrá no haber juicio político, pero se está terminando la creencia en figuras sagradas. Asoma en su lugar una política de gestión, con funcionarios bajo el escrutinio constante de la sociedad. Todo salta con más facilidad a la vista, nadie puede controlar todos los canales de información. Y cada vez son más los dirigentes que por voluntad propia (un signo de inteligencia y habilidad, sin duda) disponen públicamente la información de sus movimientos. La transparencia es algo que el dirigente debe ofrecer y no que la sociedad, la justicia, los medios o quien sea deba solicitarle. El vínculo de representación empieza por ahí.

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LA DEMAGOGIA DE LA CÁMPORA Y LOS VALORES VILLEROS

La Cámpora está impulsando un proyecto de ley para hacer del 7 de octubre el “Día Nacional de los Valores Villeros”. La fecha elegida coincide con el nacimiento del Padre Carlos Mujica, quién tuvo una militancia ejemplar en los barrios pobres – especialmente en la Villa 31 – y un rol fundamental dentro de lo que fue el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. La labor del Padre Mugica lo convirtió en una figura emblemática de las luchas por la equidad social. Recibió críticas desde distintos sectores políticos (incluido el movimiento de los Montoneros, en cuya gestación Mugica estuvo de alguna manera involucrado) y finalmente fue asesinado en el barrio de Villa Luro a la salida de una misa, al parecer – ya que nunca estuvo del todo claro – a manos de la Triple A.

El legado social y político de Mugica es sin duda alguna digno de reconocimiento. El proyecto de ley, sin embargo, invoca una serie de ambigüedades alrededor de los supuestos “valores villeros”, concepto extraño que desde La Cámpora quieren instalar.

 Con la autoproclamada intención de desestigmatizar la nomenclatura de villero, los impulsores y defensores de este proyecto -Andrés “El Cuervo” Larroque, Juan Cabandié, Anabel Fernández Sagasti, entre otros- explican que estos valores consisten en “solidaridad, optimismo, generosidad, esperanza, humildad y valor por lo colectivo”. En un ejercicio muy sencillo de sentido común, el diputado de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, replicó que esos valores son universales y no dependen de un sector social. Ciertamente, la justificación de los diputados de La Cámpora ante la Comisión de Legislación General que dio dictamen favorable al proyecto, hace agua en cuanto a intentar disfrazar valores humanos universales como valores de clase. Y esta maniobra no puede tener otro rótulo que el de demagógica.

Aclaremos los tantos: una cosa es desestigmatizar y otra muy distinta es exaltar. Estoy de acuerdo en que es necesario, para una mejor convivencia social, que la expresión “villero” deje de ser pretexto para fomentar la segregación y el odio entre las personas. Villero es el que vive en una villa, nada menos… pero tampoco nada más.

Las villas son fenómenos de precarización en todo sentido: urbanístico, habitacional, político y social. La responsabilidad de que esa precarización exista y se prolongue es del Estado. En ese sentido, mientras que adhiero a la idea de no discriminar a una persona por el mero hecho de vivir en una villa – situación que no habla en modo alguno de sus condiciones morales e intelectuales–, me parece alarmante que funcionarios públicos propongan la asociación de un concepto que arrastra consigo décadas de miseria a valores inmaculados como los de la solidaridad y el optimismo.

El mito de los pobres como personas esencialmente buenas ha sido siempre una maniobra clasemediera para expiar culpas de clase. Hay pobres buenos y pobres malos. El problema para la política debiera ser que no haya pobres.

El concepto de “valores villeros” expresa entonces dos cosas: el derrotismo cultural de naturalizar a la pobreza y a las condiciones precarias de vida como invariantes de la historia, por un lado, y la inescrupulosidad y cinismo descarado de los representantes que se dicen “progresistas” porque reivindican formas de vida circunstanciales y lamentables sólo porque ellos no son quienes las padecen. Para ser más claros: si a Cabandié y a Larroque les parece tan inmaculada la condición de los villeros que se vayan a vivir ellos a una villa.

A diferencia de estos dirigentes de La Cámpora, el Padre Mugica decía cosas como: “Señor, perdoname por haberme acostumbrado a chapotear en el barro. Yo me puedo ir, ellos no”. Mugica entendía la diferencia entre él y los pobres. La entendía y la padecía. La pobreza no era para él algo que reivindicar sino algo de lo que había que salir. La lucha era para erradicar la pobreza. Es sencillamente esto lo que estos pibes bien, con sus honorarios y comodidades de funcionarios públicos (a los que no están dispuestos a renunciar) no entienden: la diferencia entre la pobreza y los pobres. Los pobres son personas que merecen -como cualquier conciudadano- nuestro respeto. La pobreza es una condición lamentable que reclama la erradicación a través del trabajo, la planificación pública y la cooperación de todos los representantes y organismos del Estado.

Que villero deje de ser una mala palabra no debería implicar que se convierta en un elogio, en un signo de heroísmo. Las villas no son algo de lo que debamos sentir orgullo porque hablan de los malos manejos del Estado. Lo que estos chicos de la Cámpora quieren es lavar sus culpas de clase para seguir haciendo la vista gorda a un problema que nadie, ni el Gobierno al que tanto defienden, resuelve.

Las generalizaciones de clase le hacen muy mal al país, especialmente cuando se usan demagógicamente para justificar las desigualdades sociales. Al pastiche ridículo de los “valores villeros” yo quisiera oponer el concepto universal tan imprescindible como tergiversado de los derechos humanos, que deben ser defendidos en todas partes, y especialmente allí donde el Estado menos los respeta.

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FALLO GRIESA: NO HINCHEMOS PARA EL EQUIPO CONTRARIO

El reciente fallo de la Justicia de Estados Unidos sobre el canje de la deuda argentina tiene repercusiones importantes y es fundamental tomar posiciones claras respecto al problema. Por eso, me permito desviarme un poco de los temas que son más habituales a esta columna, principalmente cuestiones estrictamente referidas a la Ciudad de Buenos Aires, para expresar mi parecer respecto a este asunto que está dando mucho que hablar a políticos y periodistas.

Primero que nada, me parece importante que las pretensiones políticas a corto plazo no resuman la complejidad del asunto a cuestiones de cristinismo y anticristinismo. Esto no es un fracaso del Gobierno nacional ni mucho menos algo para celebrar. Cualquiera que, desde una postura opositora, que es válida, reivindique el fallo está cometiendo un gesto de irresponsabilidad política atroz. Para ponerlo en términos futbolísticos, ya que estamos también a tono con eso, el que celebre el fallo está hinchando para el equipo contrario.

La decisión del juez Griesa, a mí entender, es errónea: el fallo a favor del 8% de los acreedores que no quieren aceptar el canje supone un desconocimiento de la amplia mayoría que sí aceptó los términos. Esta mayoría se sintió en confianza con la negociación de la deuda en gran parte porque la misma se haría bajo la jurisdicción estadounidense, con lo cual es un contrasentido que sea la misma Justicia de Estados Unidos la que ponga en riesgo los cimientos de esa confianza.

Algunos (entre ellos figuras presidenciables) sostienen que Argentina debería atenerse a la disposición de Griesa y pagar el monto impuesto, al contado si hiciera falta. Yo no comparto. Es hora de negociar. Pagar todo en efectivo nos haría quedar mal ante la mayoría de nuestros acreedores que además tendrían razones para exigirnos el mismo trato para con ellos. Esto lo explicó la Presidente en un altisonante discurso por cadena nacional. A pesar de las muchas diferencias que tengo con su mandato, y que suelo hacer públicas a través de esta columna, considero que su descripción es acertada.

También es acertado decir que la deuda precede a este gobierno y que utilizar este episodio como pretexto para campañas opositoras es una irresponsabilidad seria. Como dije antes: ésta no es una cuestión de defender ni atacar al gobierno.

Argentina tiene que negociar. Ni más ni menos. Ni acatar a rajatabla ni entrar en default. Dejemos de esperar desgracias para adjudicárselas a las impericias de otros. Finalmente, el pago de la deuda en condiciones razonables supondrá un logro para todos, para este gobierno y para los que vengan después.

Cuando termine este episodio, sí, conviene pensar cuánta incidencia tienen en estas situaciones los discursos agresivos hacia el Juez a cargo del tema, o el episodio del avión americano y Héctor Timerman obligando a cambiar las claves de seguridad de EEUU en todo el mundo o el acuerdo con Irán siendo hasta ese momento el único país del mundo que tenía a ese país juzgado por terrorismo. No se si lo sabremos alguna vez, pero vale la pena hacer el ejercicio.

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Villa Obelisco: negocios a puertas cerradas

La historia de las ocupaciones ilegales en la Ciudad de Buenos Aires se repite con una frecuencia que haría sonrojar hasta a los productores de Hollywood, quienes nos tienen ya bastante acostumbrados a la remake de la remake de la remake. Hace dos meses ese repetidísimo cuento obtuvo un escenario novedoso: de los creadores de Parque Indoamericano y Villa Papa Francisco llegó otra desopilante historia de impericias, Villa Obelisco. 

Las dimensiones del conflicto han ido mutando de manera poco clara. Primero se instaló una gran carpa que sigue allí hasta el día de hoy. Como al parecer eso no fue suficiente para llamar la atención de las autoridades se fueron instalando carpas chicas que llegaron a ser casi veinte. El Gobierno de la Ciudad, que no quería pagar el costo de desalojar a los ocupantes, cometió el error de creer que no habría costos en permitir que la ocupación siguiera. Es cierto que los porteños tienen una capacidad notable para acostumbrarse al deterioro, pero todo tiene su límite. Para la ciudadanía, la precarización de un punto neurálgico de la ciudad como la intersección de Corrientes y 9 de Julio es algo difícil de ignorar.

Al día de hoy las carpas chicas se fueron y sólo quedó la grande. ¿Qué es lo que negoció el Gobierno de la Ciudad con los manifestantes? No lo sabemos. Las negociaciones se vienen desarrollando a puertas cerradas, lo cual alentará las suspicacias de quienes creemos que tanto este gobierno como el Nacional enfrían los conflictos momentáneamente usando fondos públicos. Las decisiones que se están tomando a espaldas de la sociedad (es decir, de los contribuyentes) tendrán repercusiones para todos en dos sentidos: primeramente porque se utilizará dinero del Estado que no se implementará para otras cosas y en segundo lugar porque seguirá sin resolverse el problema de fondo por el cual se han vuelto cada vez más recurrentes las ocupaciones.

La solución a ese problema de fondo es la que propone nuestra Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires: sacar a los delincuentes de las villas y empezar la urbanización en un marco de absoluta legalidad. Es importante que el Gobierno aclare cómo es que persuade a los manifestantes para que se retiren del Obelisco. Si es con la implementación de una política habitacional seria, como la que nosotros proponemos (lo cual no ocurrirá de un día para el otro) o si es simplemente por la asignación de dádivas que financiamos todos.

El problema de las ocupaciones es recurrente porque nadie quiere hacerse cargo. Es mugre que los gobiernos prefieren esconder bajo la alfombra. La opción responsable es la de empezar a consensuar cuál es el equilibrio que queremos entre la legitimidad de ciertos reclamos y los castigos que se deben imponer por quebrar la ley, así como también definir cuánto de lo que ocurre es responsabilidad de los gobiernos, ya sea por acción u omisión.

Vivimos en una ciudad sin política habitacional, donde los que reclaman por la existencia de dicha política lo hacen quebrantando la ley y, para colmo, en vez de ser castigados son premiados por su transgresión. Esto es, como lo dije en otro momento, el reino del absurdo.

Claramente ni el gobierno de la Ciudad ni el gobierno de la Nación tienen estas cuestiones en mente. Desde esta columna espero poder compartirlas con ustedes para que las tengamos presentes a la hora de tomar las decisiones que se avecinan.

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¿Qué tiene de malo el pacto Macri-Cristina?

Esta semana la presidenta Cristina Kirchner y el Jefe de Gobierno Mauricio Macri inauguraron juntos la extensión de la autopista Illia que representará grandes beneficios para los miles de conductores que a diario transitan por el área metropolitana. Esta obra, para usar las palabras de la Presidenta durante el acto era “objetivamente” necesaria; estoy de acuerdo. Ahora bien, ¿qué necesidad había de remarcar esa objetividad?

La Presidenta quiere disipar la idea de que su actual acercamiento con Macri (quien fuera desde 2007 cuando asumió la Jefatura de Gobierno uno de los más grandes enemigos del kirchnerismo) es parte de un pacto en reacción a la creciente popularidad de la alternativa opositora del Frente Renovador. En otras palabras, quiere despolitizar el asunto con el argumento de la objetividad.

Efectivamente hay un pacto ¿qué hay de malo en reconocerlo? ¿Por qué tantos esfuerzos en disimularlo? Durante casi dos mandatos los porteños vienen esperando una comunicación más fluida entre la Nación y la Ciudad. Obras como ésta, que serán beneficiosas tanto para los habitantes de la Capital como de Gran Buenos Aires, nos encaminan hacia una ciudad más organizada. Si eso nace de un pacto, entonces me quedo con la Presidenta que pacta. Nunca es malo decir la verdad, en especial cuando se trata de buenas noticias.

Es cierto, no obstante, que las repercusiones de reconocer ese pacto son un poco más complejas de lo que se ve a simple vista. Para el Gobierno Nacional la presencia de Macri como un dirigente opositor de centro-derecha siempre fue funcional para sostener su reputación de centro-izquierda. Se trata de un esquema dual en el que Cristina se siente cómoda y que la aparición del Frente Renovador sin duda pone en crisis. Sin esa polarización centro-derecha / centro-izquierda el destino post-presidencial de Cristina queda en manos del justicialismo que nunca es muy benévolo con los que se van. Por eso es comprensible que haga énfasis en las diferencias: no quiere perderlo a Macri como antagonista ideológico porque eso supondría perder su lugar de centro-izquierda.

Sostener esa ficción no le va a ser fácil. Después de casi una década de enfrentamientos y disputas con el Gobierno de la Ciudad, cuando las diferencias que los separan no parecían hacer lugar ni siquiera a necesidades “objetivas” de ningún tipo, es hasta de perogrullo decir que las intenciones de fondo son lisa y llanamente políticas.

Siempre que su acercamiento con Macri redunde, como en este caso, en el beneficio de todos, me parece que no hay nada de malo en reconocerlo. Sin rasgarse las vestiduras ni hacer el papel de mártir, que a fin de cuentas están haciendo lo que hace rato deberían haber hecho: dialogar.

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Ley de Pacificación: razones para participar

El Instituto de Políticas y Pacificación sigue juntando firmas para llevar ante la legislatura porteña la Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires. Esta ley es importante por varias razones: En primer lugar porque es hasta la fecha la única propuesta concreta para terminar con el problema creciente de las villas y el narcotráfico. Como lo he dicho en varias ediciones de esta columna, las villas y asentamientos, que expresan la forma más precaria e informal de vida en las grandes ciudades, han ido ganando terreno en nuestra ciudad aceleradamente.

Donde no hay condiciones normales de vida se rompen los códigos de convivencia pacífica a los que aspira cualquier sociedad. En nuestro caso esas aspiraciones se han visto constantemente frustradas por la adicción de los gobiernos (tanto nacional como de la ciudad) a medidas de contención que deberían ser pasajeras pero que son dilatadas en el tiempo. Estoy hablando, por supuesto, de los subsidios, lo cual me lleva a la segunda razón por la cual es importante este proyecto de ley: es un camino para terminar con la cultura del subsidio. Frenando el subsidio a mansalva lograremos dos cosas importantes: en primer lugar una mejor administración de la economía pública y, en segundo lugar, revitalizar la cultura del trabajo que construyó a la clase media bonaerense.

Finalmente, la tercera razón de la importancia de este proyecto de ley radica en su condición de ser una iniciativa popular. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires contempla la posibilidad de que los ciudadanos (es decir, personas que no cumplen funciones legislativas) presenten proyectos de ley, siempre que estos reúnan una serie de requisitos. La Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires está encaminada a conseguir el último requisito faltante: 40 mil firmas que representan al 1,5% del padrón. Hemos estado juntando firmas en distintos puntos de la Ciudad. Pueden enterarse de la ubicación de nuestras mesas entrando a nuestro sitio oficial:www.politicasdepacificacion.org.

No obstante, quiero invitar a todo aquel que se sienta representado por nuestro proyecto de ley a colaborar con el Instituto de Políticas de Pacificación ayudándonos a conseguir más firmas. Estamos buscando voluntarios y creemos que, siendo esta una iniciativa popular, éstos deben ser ciudadanos comunes motivados por el deseo de mejorar nuestra querida Ciudad de Buenos Aires de cara al futuro.

Por eso, dejáme hablarte directamente: solamente en los casi cinco meses que van del año oíste hablar de numerosas ocupaciones de espacios públicos (en Parque Indoamericano, en Villa Lugano, en el Obelisco), de nuevos subsidios que empeoran la situación, de un clima de violencia social creciente con linchamientos a delincuentes y de discrepancias entre las voces oficiales sobre lo que está pasando. Vos sabés que esto no da para más. Así que te pido que por favor nos ayudes con lo que puedas, ya sea acercándote a nuestras mesas a firmar o juntando firmas en tu barrio, en tu lugar de trabajo, en donde puedas. El Instituto de Políticas de Pacificación aceptará la colaboración de todos los que crean que la Ciudad de Buenos Aires se merece una vida mejor, sin violencia, sin delincuentes, sin subsidios, sin villas, con barrios.

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Un programa para ordenar la Ciudad

El absurdo crece en detrimento del orden. El correr del año nos está dando una buena lección: hace falta planificar. Hasta ahora, se sigue confundiendo “alentar” con “tolerar”. Se toleran las ocupaciones cuando la inacción las alienta constantemente. Las autoridades tienen que frenar esta mala costumbre y sacar a los que ocupan ilegalmente el espacio público.

Como si no hubiese sido suficiente con las tomas en Parque Indoamericano y Villa 20 en Lugano, ahora tenemos gente acampando nada menos que ante el Obelisco. El mensaje que los ocupantes parecen querer dar a las autoridades es “o urbanizan las villas o convertimos al centro en una villa más”.

Por eso, lo primero, ante todo, es restablecer el orden. Lo segundo es dar una respuesta a estos reclamos que no sólo son legítimos sino que representan a muchas más personas que las que van a ocupar espacios ilegalmente. Es necesario planificar para terminar con la existencia de villas y asentamientos a lo largo de toda el área metropolitana.

El Instituto de Políticas de Pacificación que presido tiene un programa y una agenda de acciones concretas, bien programadas, para evitar ocupaciones ilegales que provoquen más violencia social. Para salir de una vez por todas del cortoplacismo del subsidio constante y de la impostura de dejar crecer a la pobreza y a la informalidad en nuestra Ciudad. Ahí sí que no vamos a tener la necesidad de decir que hay que reprimir las ocupaciones ilegales de espacios.

No se puede esperar a que haya urbanización para que luego haya orden. El orden se debe garantizar constantemente y en simultáneo al plan de acción que garantice, lo más pronto posible, que no haya razones para que nadie quiera reincidir en el absurdo.

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Berni se equivoca, la pacificación no fracasó

Sergio Berni está equivocado. El martes, en Animales Sueltos, criticó la iniciativa que se está llevando a cabo en Río de Janeiro para combatir al narcotráfico y dijo que fue “un fracaso”. No es cierto.

El Instituto de Políticas de Pacificación, que presido, viene siguiendo muy de cerca el caso, principalmente porque en él se inspira nuestro proyecto de Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Rio de Janeiro es la ciudad de Brasil con la mayor cantidad de favelas. En ellas operan muchos grupos de narcotraficantes, lo cual agrava la precariedad de vida un clima de constante violencia. Cualquiera que haya visto la película Ciudad de Dios se hará una imagen. De hecho, la historia transcurre en La Rocinha, la única favela en Río que ocupa la totalidad de un área administrativa. Para hacer una analogía con Buenos Aires, sería como si una villa ocupara la totalidad de una comuna.

En el 2008 se implementó por primera vez el uso de UPPs – Unidades de Policía de Pacificación, en la favela de Santa Marta. Para el 2013, había bases en 38 barrios. Según datos del Instituto de Seguridad Pública, en esos 38 barrios se registró una disminución del 50% de los homicidios.

Los vecinos de los barrios pacificados reconocen los cambios y dicen estar conformes. En Santa Marta, según estudios de la Fundación Getúlio Vargas, las UPPs tienen la aceptación del 87% de la comunidad. En Ciudad de Dios, el 93% se muestra conforme. Las 17 comunidades que recibieron UPPs en los últimos años registraron aumentos notables de negocios y comercios.

Una investigación del Banco Mundial realizada en 2011 comparaba el estado de tres favelas con UPPs con una que, en ese momento, no tenía. En las favelas en vías de pacificación se registraba una mejor relación de los habitantes con las fuerzas policiales, comunidades más afianzadas y mayor integración de esas zonas con el resto de la ciudad. 

Estos datos se encuentran incluidos en un documento elaborado por IPP al que pueden acceder todos, inclusive Berni.www.politicasdepacificacion.org

Por eso, insisto con la necesidad de aprender de la experiencia brasileña. Nuestro proyecto de ley -que, vale decirlo, es la única propuesta concreta respecto a cómo combatir el narcotráfico e integrar las villas a la Ciudad- logra incorporar los métodos brasileros a la realidad de la Ciudad de Buenos Aires, que aunque afortunadamente tiene menos villas y menos narcos, no deja de tener un escenario de profunda gravedad.

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Pacificar también es tener un plan

Logramos instalar el debate sobre pacificación. Sin embargo, y lejos de celebrar la popularidad que ganó este vocablo en la discusión pública sobre inseguridad y delito organizado, es importante subrayar la raíz de su sentido, en particular a partir del “megaoperativo” contra narcos. El hecho de que el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, y el secretario de Seguridad, Sergio Berni, hayan allanado los barrios periféricos no alcanza para asegurar que se esté pacificando Rosario. Entre otras cosas, porque fue un golpe esporádico, sin un proyecto a mediano plazo.
 
El despliegue fue enorme: 3.000 efectivos de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura que realizaron 89 allanamientos. Los resultados acaso hayan sido menores a los esperados: apenas 26 personas detenidas y unas mil dosis de cocaína y de marihuana incautadas. Lo que hubo, entonces, parece más una “reacción” a las maniobras de los narcos que una iniciativa planificada. Los narcos están marcando el ritmo de esta batalla.
 
Además, existen posiciones encontradas en el propio gobierno nacional respecto a cómo conceptualizar el problema. La discusión se fue por las ramas: que si Argentina es o no un país de producción. En el medio, se pierde cuestión la cuestión central: cómo combatir el narcotráfico, flagelo que el Gobierno desconoció durante mucho tiempo. Al ministro de Defensa, Agustín Rossi, no se lo vio en este nuevo episodio de la incipiente lucha contra los narcos que tuvo su detonante en amenazas de muerte realizadas a finales de marzo al juez Juan Carlos Vienna y al fiscal Guillermo Camporini.
 
Para garantizar el avance del Estado sobre las zonas copadas por el delito, va a ser necesario maximizar recursos, disponer de ellos inteligentemente. Los 2 mil efectivos que quedaron en la zona tras el operativo de Rosario necesitan hacer un trabajo conjunto con la comunidad y el gobierno provincial. Si esto no pasa estaremos en presencia de un enorme dispendio de recursos humanos necesarios para el combate real del delito organizado. 
 
Pacificar es tener un plan, distinguir etapas de intervención y, sobre todo, tener la iniciativa para desbaratar a las bandas de narcotraficantes e incluir a las zonas excluidas a los derechos y obligaciones ciudadanos.

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Linchamientos: síntomas de una enfermedad curable

La discusión pública sobre el delito y la inseguridad tiene ahora un nuevo concepto. El tema de los “linchamientos”, que está en boca de todos, debería ser un llamado de atención: el problema de la violencia en nuestras grandes ciudades está alcanzando proporciones alarmantes. Las actos de violencia espontáneos de ciudadanos contra delincuentes demuestran que la lógica de los segundos está empezando a infectar el comportamiento de los primeros. En otras palabras, la gente está sintiendo que su condición de víctima puede ser revertida por el mismo uso de la fuerza que emplean los criminales.

Estoy lejos de celebrar esto, aunque tampoco me tienta demasiado plegarme al coro de los que salen a condenar a rajatabla estas reacciones por el mero hecho de que van contra la ley (sobre lo último no caben dudas). ¿De qué ley hablamos cuando llegamos al punto en que el ciudadano entiende que reprimir al delincuente por mano propia es más viable y efectivo que recurrir a las vías formales que ofrece el Estado? Si, en definitiva, el que no se siente representado por sus leyes tarde o temprano deja de acatarlas. Cuando tengamos una sociedad de delincuentes, cuando todos hagamos lo que queramos, de nada les va a servir invocar las bondades de las leyes.

Afortunadamente aún no estamos ahí. Los casos de Rosario y Palermo pueden ser solamente dos síntomas esporádicos de una enfermedad todavía curable. Por eso, insisto, hay que pacificar a la sociedad y para ello hay que operar sobre los eslabones más débiles de nuestra cadena de derechos y deberes ciudadanos. Estos eslabones son las zonas de exclusión social, en otras palabras, de pobres. Las voces biempensantes insisten en decirnos que no hay que criminalizar a la pobreza cuando hacemos, discursivamente, esta asociación entre marginados sociales y delincuentes. No se dan cuenta de que son ellos los que criminalizan a los pobres, no discursivamente, sino en los hechos, al permitir que se sostenga su penosa situación de vida alimentando a la insaciable maquinaria del subsidio que, no solo no saca a los pobres de la pobreza sino que los acostumbra a vivir en ella, los amontona y los separa culturalmente del resto de la sociedad.

Por eso quiero recordarles que el Instituto de Políticas de Pacificación está buscando llevar ante la Legislatura Porteña un proyecto de ley para erradicar el delito de las villas y así poder integrarlas al resto de la ciudadanía. Queremos remover los tumores del delito organizado y empezar la recomposición del tejido social. Queremos que no haya más pibes que salgan a la calle re jugados. Queremos que no haya ciudadanos que se sientan también re jugados y maten a golpes a esos pibes. Queremos un Estado creíble y personas que crean en él.

Lo que tenemos de momento es una sociedad que se piensa y se vive en términos binarios: el drama de los ciudadanos contra los delincuentes es solo uno de tantos. Están los ricos contra los pobres, los opositores contra los oficialistas y tantos otros. El país se está desintegrando porque cada vez nos cuesta más identificarnos con el otro. Para que ello no ocurra debemos unificar nuestro modo de vivir, bajo las mismas reglas y con los mismos derechos. Todavía podemos curar esta enfermedad.

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